Existen tres elementos fundamentales en el cálculo del coste medio de una plaza escolar y que tiene una relación estrecha con la calidad educativa: ratio profesorado/grupo, ratio alumnado/grupo y condiciones laborales del profesorado. En estas tres variables la educación pública presenta unos datos que hacen aumentar su coste en comparación con la opción concertada, ya que cuenta con más profesorado por grupo, un número de alumnos y alumnas por aula menor y ofrece mejores condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras, ya sean docentes o no.

Todo ello es consecuencia, entre otros factores, de que la educación pública tiene que asegurar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de los centros privados subvencionados con fondos públicos (concertados) que, además de desarrollar estrategias para la selección del alumnado por razones socioeconómicas, muestra un total desinterés por situarse en áreas poco rentables, como las zonas rurales o municipios pequeños o a acoger a alumnado que requiere mayor atención educativa.

En efecto, los centros privados concertados se concentran en las capitales de provincia y en los grandes núcleos urbanos al tiempo que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales se concentra en los centros públicos, con la reducción de la ratio que su escolarización supone además del incremento de recursos necesarios. Esta última consideración se hace extensible para el caso del alumnado inmigrante. Respondiendo al interrogante, tienen un menor coste porque ofrecen un servicio educativo incompleto y de menor calidad que el ofrecido por la Educación Pública.

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