A pesar de que desde la derecha se esté desprestigiando a la Escuela Pública acusándola de adoctrinadora mediante la propagación de falsas informaciones y descarados bulos, lo cierto es que, objetivamente, el adoctrinamiento se produce principalmente en los centros privados, subvencionados o no con fondos públicos; mientras que la red pública es la única con mecanismos estructurales para fomentar la libertad de ideas.

En los últimos años, sobre todo desde que la extrema derecha introdujese en su discurso la cuestión del veto parental, acompañado de una agresiva campaña cargada de mentiras y bulos, la Escuela Pública ha tenido que soportar un continuo señalamiento por parte de la derecha política y mediática, tildándola de adoctrinadora política y moral. Resulta totalmente paradójico que desde la escuela privada–concertada y, más concretamente desde las escuelas católicas, se acuse de adoctrinamiento a la enseñanza pública al tiempo que se defiende el derecho a tener un “carácter propio”, un sistema de contratación privada del personal y de que se realicen verdaderas campañas políticas utilizando al alumnado para confeccionar lazos naranjas que inundan las fachadas y ventanas de los centros concertados de todo el país. Los sectores encargados de extender la sospecha del adoctrinamiento sobre la red pública son los mismos que favorecen o ejercen adoctrinamiento sectario en la enseñanza concertada y privada relacionada con la Iglesia, luchando, en realidad, por hacer prevalecer sus propias doctrinas.

La condición de funcionario permite garantizar la libertad de cátedra frente a cualquier presión de cualquier tipo, por lo que un docente de la Escuela Pública no tiene por qué seguir ninguna línea ideológica ni moral ni del gobierno de turno

Si analizamos este asunto lejos del ruido y de la propaganda conservadora empeñada en mantener y extender su peso en el sistema educativo de nuestro país y de nuestra comunidad, precisamente como un mecanismo de reproducción ideológica, observamos que es la Escuela Pública la única que dispone de mecanismos estructurales para prevenir el adoctrinamiento. Los y las docentes de los centros públicos son propietarios de su puesto de trabajo, es decir, son personal funcionario. Este hecho no hace más que blindar la independencia de los enseñantes frente a cualquier intento de control ideológico, incluido el gubernamental. La condición de funcionario permite garantizar la libertad de cátedra frente a cualquier presión de cualquier tipo, por lo que un docente de la Escuela Pública no tiene por qué seguir ninguna línea ideológica ni moral ni del gobierno de turno. Sin duda, no sucede de la misma manera en un centro en el que el profesorado es contratado mediante procesos privados y donde su puesto de trabajo depende directamente de los propietarios del centro. Un docente de un centro privado subvencionado con fondos públicos es mucho más susceptible de recibir presiones laborales para seguir determinados postulados ideológicos o morales determinados por el “carácter propio del centro” o, incluso, su contratación o no puede llegar a depender de que manifieste su compromiso con determinados posicionamientos. Por lo tanto, la condición de funcionario o funcionaria de las docentes del sistema público es el primer elemento estructural que previene el adoctrinamiento, y es que determinadas funciones demasiado vitales desde el punto de vista civil deben quedar a salvo de la lógica laboral y de cualquier chantaje o presión privada.

Los sectores encargados de extender la sospecha del adoctrinamiento sobre la red pública son los mismos que favorecen o ejercen adoctrinamiento sectario en la enseñanza concertada y privada relacionada con la Iglesia, luchando, en realidad, por hacer prevalecer sus propias doctrinas.

El segundo elemento principal es la diversidad estructuralmente garantizada en la Escuela Pública, tanto del profesorado como del alumnado. El proceso selectivo del profesorado es público y, en ningún caso, existe un criterio que permita realizar algún tipo de ‘cribado’ ideológico de los seleccionados, lo que garantiza que, en el seno de un centro público, exista una pluralidad y diversidad ideológica, moral y social. Lo mismo ocurre con el alumnado, salvo en aquellas zonas donde la excesiva presencia de centros privados subvencionados con fondos públicos y las políticas neoliberales han provocado una segregación del alumnado. Resulta difícil pensar que, en estas condiciones de inevitable diversidad ideológica aleatoria sea practicable el control ideológico. Ni que decir tiene que los mecanismos de selección tanto del profesorado como del alumnado que se ponen en marcha en la enseñanza privada y concertada provoca exactamente lo contrario.

Una educación cien por cien pública es, precisamente, la mejor manera de evitar el adoctrinamiento. Por ello, desde USTEA no aceptaremos que a los profesionales de la Escuela Pública se nos acuse de adoctrinadores ni que esas acusaciones se materialicen en propuestas políticas como la del veto parental, que no hace más que desprestigiar la labor docente y ponernos a los pies de los caballos. Y mucho menos aceptaremos que estas acusaciones provengan de aquellos empeñados en incorporar sus doctrinas a la escuela a cualquier precio.