La cuestión del deterioro de las condiciones laborales que mantienen los centros privados subvencionados para sus trabajadoras y trabajadores, sean docentes o no,  es una de las variables más relevantes  para USTEA cuando se analizan las consecuencias de las políticas de privatización a través de la extensión de los conciertos educativos.

En primer lugar, tenemos que partir de una premisa elemental: los y las profesionales de la docencia tienen que ser funcionarios. Así de claro, los y las docentes tienen que ser propietarios y no trabajadores asalariados cuyo puesto de trabajo depende “de sus jefes”, como ocurre, precisamente, en los centros privados. Lejos de las habituales descalificaciones hacia la figura del funcionariado, esto es así porque, además de otras cuestiones también relevantes relacionadas con la prevención del adoctrinamiento, la condición de funcionario o funcionaria permite blindar eso que se llama “libertad de cátedra”, reconocida por la Constitución para todos los docentes, sea cual fuere el nivel de enseñanza, protegida frente a cualquier presión laboral, bajo el chantaje, por ejemplo, del despido si no se comulga con la ideología de quien te contrata. En definitiva, es el funcionariado la condición que permite que ciertas funciones demasiado vitales desde el punto de vista civil (como es la educación), queden a salvo de la lógica laboral o de cualquier tipo de chantaje o condicionante, incluida la empresarial o gubernamental de turno.

Este carácter propio conlleva, presuntamente, prácticas de discriminación ya desde el proceso de selección del profesorado, ya que puede ser condición indispensable para ser seleccionado el que se comulgue o no con ese “ideario” del centro.

Si al hecho descrito de que en los centros privados subvencionados con fondos públicos los y las docentes son trabajadores y trabajadoras asalariados y, por lo tanto, sujetos a la lógica laboral, le sumamos que la legislación les permite definir su “carácter propio” o “ideario educativo propio”, formamos el cóctel perfecto para la vulneración de derechos fundamentales de los y las trabajadoras. La realidad es ampliamente conocida y es que, muy a menudo, este carácter propio conlleva, presuntamente, prácticas de discriminación desde el proceso de selección del profesorado, ya que puede ser condición indispensable para ser seleccionado el que se comulgue o no con ese “ideario” del centro. Teniendo en cuenta, además, que la mayoría de estos centros pertenecen a congregaciones religiosas profundamente reaccionarias, el resultado es que se producen demasiados casos de presunta discriminación, acoso laboral o incluso despidos por razones de orientación sexual, ideológicos, credo o aspectos de la vida personal o privada. Por lo tanto, la contratación privada en centros con “carácter propio” abre las puertas no solo a impedir la libertad de cátedra sino también a la vulneración de derechos fundamentales, sin que exista facilidad para perseguir o denunciar estas situaciones por la desprotección que la propia relación laboral supone para los y las trabajadoras.

Pero las repercusiones sobre las condiciones laborales no se limitan al personal docente de los centros privados, los trabajadores y trabajadoras de la pública también se ven afectados. Las políticas de privatización a través de los conciertos han provocado en los últimos años miles de supresiones de aulas públicas, con la inevitable y dramática pérdida de puestos de trabajo, como consecuencia de que el descenso de la natalidad se hace recaer, en exclusiva, sobre la educación pública. Sin ir más lejos, desde el curso 2016/17 se ha suprimido, solo en segundo ciclo de infantil y en educación primaria, más de 2.000 unidades públicas, mientras que en el mismo periodo la privada – concertada se ha mantenido prácticamente intacta. Estos datos, unidos a que en los grandes núcleos urbanos la presencia de la concertada es significativa, siendo ya mayoritaria en ciudades como Granada y Cádiz, donde más del 60% del alumnado está matriculado en centros privados subvencionados con fondos públicos, provocan que las posibilidades de conciliación laboral de los y las docentes se vean ampliamente reducidas y se nos condene a trabajar eternamente a largas distancias de nuestros lugares de residencia. Sin duda, la extensión de los conciertos a las etapas postobligatorias supondrá una gran pérdida de puestos de trabajo públicos que dificultará, aún más, acercarse mediante los concursos de traslados, a los grandes núcleos urbanos. Además, la progresiva pérdida de peso en el sistema educativo de la red pública en beneficio de la concertada provocará una presión a la baja en las condiciones laborales, alimentando el discurso de desprestigio del empleo público y favoreciendo la aceptación social de políticas en contra de nuestros empleos y de la necesidad de que la educación sea de gestión exclusivamente pública.

En los centros privados – concertados el salario del profesorado procede de las arcas públicas sin que la administración haya intervenido, de ninguna manera, en el proceso de selección de estos profesionales.

A todo lo anterior hay que añadir la tremenda anomalía de que se financie con fondos públicos un sistema de contratación privada. En los centros privados – concertados el salario del profesorado procede de las arcas públicas sin que la administración haya intervenido, de ninguna manera, en el proceso de selección de estos profesionales. El resultado de todo esto es que, desde los poderes públicos se financian puestos de trabajo que no han sido ocupados mediante procedimientos públicos que garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, como sí ocurre con el personal docente de los centros públicos, que accede a su puesto de trabajo a través de los procesos selectivos (oposiciones) en los que todos y todas participan en las mismas condiciones. Sin duda, este último aspecto es de una gravedad extraordinaria y supone una flagrante violación de los más elementales preceptos que deben guiar la gestión de los recursos públicos.

Por todo ello, desde USTEA defendemos un sistema de educación cien por cien público, como manera de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad para el conjunto de la población pero también como forma de luchar contra la precarización del trabajo docente y en defensa de los derechos fundamentales de los y las trabajadoras y de la libertad de cátedra de los y las docentes.

#NiUnaSupresiónMás #STOPchiringuitosEducativos