Desde USTEA seguimos con nuestra campaña de este otoño “Desmontando la concertada”. Esta vez, bajo el título “La concertada no es pública” vamos a desmentir la idea de que la escuela privada-concertada sea pública, por el hecho de estar financiada con fondos públicos.

En primer lugar, cabe mencionar que la red educativa concertada en España nace en la década de los 80 con el objetivo de  racionalizar las subvenciones que recibirán los colegios católicos en el franquismo y afrontar un aumento de la demanda que, supuestamente, no podía asumir un sistema público todavía en formación. Sin embargo, con el paso de los años, en lugar de ser absorbido progresivamente por el sistema público, la red de escuelas privadas-concertadas no ha hecho más que fortalecerse en detrimento del sistema público. De tal modo que, en la actualidad, un informe reciente de la fundación Bofill refleja que España es uno de los países de la OCDE que mayor cantidad de dinero destina a financiar la educación privada, concertada y no concertada). Esto genera un sistema que profundiza la segregación social en el que, en la actualidad, aproximadamente el 30% del alumnado acude a centros concertados, especialmente en las áreas más pobladas del país. Algo que dificulta la presencia de centros públicos en determinados barrios de dichas ciudades y atenta así contra la supuesta “libertad de elección” de las familias. Además, es el sistema público el que acoge a las personas migrantes, con necesidades educativas especiales, con un bajo nivel socioeconómico y se encuentra presente en las zonas densamente menos pobladas del país.

Por tanto, la financiación de centros educativos privados con fondos públicos no contribuye a la creación de una red de centros que permita asistir educativamente a todos los sectores de la sociedad en términos de equidad y ascenso social, clave para el desarrollo de las sociedades  democráticas. Más bien, fomenta un sistema de segregación económica que se incrementa con el con el cobro de cuotas por motivo muy diferentes (uniformes, agenda escolar, plataforma de comunicación con el profesorado, cuotas por obras y mantenimiento, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, etc. ) y fomenta la concepción de la educación como  producto de mercado. Es decir, el fomento con recursos públicos de centros privados, convierte a la educación en un producto de consumo restringido al poder adquisitivo de las familias, en lugar de un servicio universal que permita el ascenso social de cualquier persona independientemente de su estatus económico.

En segundo lugar, es importante destacar al respecto que es la iglesia católica quien en la actualidad tiene mayor peso en el sistema privado/concertado. La mayoría de los grupos editoriales de texto pertenecen a la iglesia católica, además de otros tantos grupos empresariales vinculados al negocio de la escuela privada y concertada. Por tanto, en la inmensa mayoría de los centros educativos privados-concertados se lleva a cabo un proceso de adoctrinamiento de acuerdo a un ideario y valores católicos que contradice el principio de aconfesionalidad del Estado español. Por el contrario, la escuela pública cuenta con mecanismo estructurales para fomentar la libertad ideológica.

Los y las docentes de los centros públicos son propietarios de su puesto de trabajo, es decir, son personal funcionario. Este hecho no hace más que blindar la independencia de las personas enseñantes frente a cualquier intento de control ideológico, incluido el gubernamental. La condición de funcionario/a permite garantizar la libertad de cátedra frente a cualquier presión de cualquier tipo, por lo que la docencia de la Escuela Pública no tiene por qué seguir ninguna línea ideológica ni moral, ni ideológica. Sin duda, no sucede de la misma manera en un centro en el que el profesorado es contratado mediante procesos selectivos privados y donde su puesto de trabajo depende directamente de las personas propietarias del centro. Un/a docente de un centro privado subvencionado con fondos públicos es mucho más susceptible de recibir presiones laborales para seguir determinados postulados ideológicos o morales determinados por el “carácter propio del centro” o, incluso, su contratación o no puede llegar a depender de que manifieste su compromiso con determinados posicionamientos políticos, morales o religiosos. Por lo tanto, la condición de funcionario o funcionaria de las docentes del sistema público es el primer elemento estructural que previene el adoctrinamiento, y es que determinadas funciones demasiado vitales desde el punto de vista civil deben quedar a salvo de la lógica laboral y de cualquier chantaje o presión privada.

En tercer lugar, resulta imprescindible resaltar que la diversidad queda estructuralmente garantizada en la Escuela Pública, tanto del profesorado como del alumnado. El proceso selectivo del profesorado es público y, en ningún caso, existe un criterio que permita realizar algún tipo de ‘cribado’ ideológico de los seleccionados, lo que garantiza que, en el seno de un centro público, exista una pluralidad y diversidad ideológica, moral y social. Lo mismo ocurre con el alumnado, salvo en aquellas zonas donde, como hemos mencionado anteriormente, la excesiva presencia de centros privados subvencionados con fondos públicos y las políticas neoliberales han provocado una segregación económica, social y cultural del alumnado. Por qué, cómo ya se ha indicado, los mecanismos de selección del profesorado y del alumnado que se ponen en marcha en la enseñanza privada y concertada provoca exactamente la segregación del alumnado. Así, por todo lo dicho anteriormente, desde USTEA decimos que un sistema que segrega, contribuye a la elitización de la educación, dificulta el ascenso sociales de las personas más desfavorecidas, adoctrina y seleccionada al profesorado de acuerdos a sus valores y mediante mecanismos no auditados, no es un sistema público. Es el resultado de décadas de políticas neoliberales que buscan la mercantilización de uno de los principales pilares del estado del bienestar a través  desvío de fondos públicos a empresas privadas para el beneficio de las mismas.