Pese al intento de transmitir seguridad jurídica a lo equipos directivos y profesorado, fuentes jurídicas nos aseguran que “La dirección de un centro educativo, o un profesor en particular, puede ser responsable civil subsidiario de lo que ocurre dentro de esa escuela, como ha ocurrido en el pasado con casos de violencia escolar en un aula, o con un accidente de alumnos, en el que un centro o un docente ha acabado denunciado”.

El documento que agrupa las cuestiones planteadas a la Consejería por las direcciones de los centros abunda en la línea de, amparándose en la autonomía de los centros y el protocolo COVID-19 que han elaborado las anteriores, continuar echando balones fuera sin centrarse en lo prioritario: garantizar la salud de las personas que integran la comunidad educativa de los centros.