La ausencia de ratios definidas, la insuficiencia de financiación, la falta de concreción respecto al destino de los 2.000 millones que se transfieren a la educación y el incumplimiento permanente de sus obligaciones con el profesorado certifican que la Ministra Celaá es ya un lastre para la enseñanza pública y para su propio gobierno.

La cuarta Conferencia Sectorial de Educación desde que se proclamó el Estado de Alarma, que han celebrado hoy el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas ha aportado alguna novedad, muchas incertidumbres, la insolidaridad de dos Comunidades Autónomas y la constatación, una vez más, que el actual Ministerio de Educación y Formación Profesional no es capaz de establecer criterios permanentes que sean asumidos por las Comunidades Autónomas que —como ha recordado la propia Ministra— mantienen las competencias en Educación; por lo que, en una gestión cada vez más a la deriva, va proponiendo sucesivas medidas que son modificadas a un ritmo vertiginoso.

La novedad de la reunión de hoy se refiere al acuerdo alcanzado con las Consejerías de Educación de las distintas Autonomías, con la excepción de la Comunidad de Madrid y el País Vasco. En este acuerdo se establecen 14 puntos para el desarrollo del próximo curso, que incluyen aspectos positivos como son la vuelta a la actividad lectiva presencial, el inicio y el desarrollo del curso en sus fechas habituales, planes de seguimiento para el alumnado con mayores déficits educativos, trabajo cooperativo, la reducción de la brecha digital y —como no puede ser de otra manera— el compromiso de seguimiento de las recomendaciones sanitarias establecidas en el Real Decreto ley 21/2020 de 9 junio que hacen referencia al mantenimiento de la distancia de seguridad en los centros educativos, el uso de la mascarilla o la limpieza y proceso de desinfección de los centros educativos.

Sin embargo, a la hora de concretar las medidas que establece este Real Decreto, empiezan los problemas. Para mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros que se establece desde 5º de Educación Primaria, es necesario reducir el número máximo de alumnas y alumnos que puedan estar al mismo tiempo en un aula. Eso supone, lo quiera la Ministra o no, reducir las ratios. Pues bien, pese a ello, la Sra. Celaá señala que hay que hablar de “agrupaciones flexibles convivenciales que no tiene nada que ver con la ratio”. Todo ello para enmascarar que la cifra anunciada el pasado domingo por el presidente del gobierno para dedicar a las nuevas necesidades educativas, es insuficiente para asegurar el cumplimiento a que obliga la citada norma.

Pero si insuficiente es el montante de 2.000 millones de euros que Pedro Sánchez señaló que se van a transferir en septiembre a las Comunidades Autónomas, para destinarse a la Enseñanza Pública, mucho peor ha sido hoy la falta de concreción de la Ministra cuando, preguntada expresamente por esta cuestión, ha eludido la respuesta.

Desde la Confederación de STEs-i, reclamamos al Ministerio de Educación que establezca el mecanismo normativo necesario para asegurar que esta cantidad se dedique a aquellos sectores de la enseñanza que aseguren la inclusión de todo el alumnado y sirvan para el aumento de profesorado, la disminución de las ratios y las ayudas para espacios escolares. No se puede dejar al capricho de alguna comunidad autónoma el destino de ese dinero, cuando ya han demostrado con hechos, que priorizan el negocio de algunos a las necesidades de la mayoría, como es el caso de la Comunidad Aunónoma de Andalucía. En este sentido, es especialmente lamentable el anuncio de nuestro Consejero de Educación de abordar la programación del próximo curso sin tener en cuenta la distancia necesaria de 1,5 metros entre estudiantes y apostar por volver a las aulas con “normalidad” derivando parte del fondo destinado para la Escuela Pública a los centros privados-subvencionados. La Ministra Celaá debería velar por el cumplimiento de la legalidad en todo el ámbito educativo y en todo el territorio estatal, en vez de posibilitar la reapertura de debates que el presidente del gobierno al que ella pertenece, dejó meridianamente claro el pasado domingo.

Pero, después de dos años de gestión al frente del Ministerio de Educación, la actuación de la Ministra no nos sorprende. Ha defraudado al personal interino al incumplir el compromiso que su propio partido político había asumido con la aprobación de la PNL en el Congreso de los Diputados en 2017 respecto a las Oposiciones. Ha defraudado a la representación del profesorado, a la que ningunea una vez sí y otra también y que debemos enterarnos de sus iniciativas y resoluciones a través de los medios de comunicación, a pesar del compromiso y de la obligación legal que tiene su Ministerio de negociar con los sindicatos y, ahora, está defraudando a su propio gobierno con una gestión que pone en entredicho el trabajo que, desde otras áreas ministeriales, se está llevando a cabo en favor de los trabajadores y en contacto permanente con sus representantes.

  Secretariado de la Confederación de STEs-i, 11 de junio de 2020