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En Valencia Educación deniega conciertos al haber plazas en centros públicos. En Andalucía, la consejería vergonzosamente sigue la estrategia de la concertada
El primer arreglo escolar de la actual Conselleria de Educación se ha saldado para la enseñanza concertada con la primera pérdida de aulas en un lustro (en el saldo final). A pesar de que el conseller Vicent Marzà dio a conocer las cifras en rueda de prensa la semana pasada, a los colegios concertados no ha llegado todavía el documento con las unidades autorizadas o suprimidas por la Administración. Al menos, no a todos, según denunció ayer la presidenta de la patronal de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Vicenta Rodríguez, quien lamentó que los centros tendrán poco margen dentro de los 10 días que les corresponden para presentar alegaciones.
Además, entre los centros que ya han recibido la comunicación de la Consellerialos hay que ven rechazada una ampliación del concierto precisamente por la existencia de oferta pública sin cubrir en el municipio. Según Rodríguez, es el caso de un centro de Alicante, al que le hubiese correspondido una unidad concertada de primero de ESO por crecimiento vegetativo -el concierto llega a sexto de Primaria- pero que se le deniega por la existencia de plazas en otros centros públicos de la zona.
El conseller de Educación sentenció en verano que con el nuevo Gobierno se había acabado «la barra libre para los conciertos educativos». La frase cayó como un jarro de agua fría en el sector, porque muchos titulares de centros lamentaron que la Conselleria les metiese a todos en el mismo saco. En esta línea, ayer tuvieron que ser las cooperativas de enseñanza -muchas también concertadas, aunque con un modelo respaldado por la propia Conselleria- las que recordasen el problema de financiación de los colegios privados sostenidos con fondos públicos.