Desde USTEA denunciamos el avance imparable de la privatización de la Formación Profesional (FP) en Andalucía. La oferta privada ya triplica la pública, con 9.450 plazas frente a 2.588, y desde 2010 ha crecido un 991 %, mientras la pública solo un 51 %, según datos oficiales del Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía. Estas cifras reflejan una apuesta institucional por un modelo educativo mercantilizado, frente al derecho universal a la educación.

La Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla y con María del Carmen Castillo al frente de la Consejería de Educación, está entregando la FP a empresas privadas y fondos de inversión, que conciben la enseñanza como un negocio. En numerosos centros privados, las matrículas alcanzan entre 4.000 y 9.000 euros por curso, una cantidad inasumible para la mayoría de las familias trabajadoras andaluzas. Este modelo excluye al alumnado con menos recursos y profundiza las desigualdades sociales y territoriales, convirtiendo la FP en un espacio elitizado.

Mientras tanto, la FP pública se encuentra en retroceso, con recortes, falta de plazas y abandono de infraestructuras. Más de 30.000 jóvenes andaluces quedaron sin plaza pública en la primera adjudicación de 2024, y en provincias como Sevilla, Cádiz o Málaga, las listas de espera superan las 5.000 personas en algunos ciclos formativos. Se cierran aulas, se eliminan grupos y el profesorado técnico continúa en condiciones precarias, con sobrecarga de trabajo y falta de estabilidad. Bajo la etiqueta de “FP Dual”, la Junta ha cedido la planificación educativa a las empresas, poniendo los intereses privados por encima del derecho a la educación.

A ello se suma la cesión de suelo público y fondos europeos a entidades privadas, una práctica que diversos organismos fiscalizadores han señalado por su falta de transparencia. Estas políticas responden a una estrategia neoliberal y segregadora que debilita el sistema público y transfiere recursos a manos privadas, disfrazando el negocio educativo bajo el discurso de la libertad de elección.

Desde USTEA exigimos a la Junta de Andalucía que detenga la privatización de la FP y apueste de forma decidida por una Formación Profesional pública, gratuita e inclusiva, en todos sus niveles —Básica, Grado Medio y Superior—. Reclamamos la creación de más plazas, la mejora de infraestructuras, el refuerzo de las plantillas docentes y la estabilidad laboral del profesorado.

La Formación Profesional no puede ser un negocio, sino un derecho social garantizado por lo público, que asegure la igualdad de oportunidades, la cohesión social y un futuro digno para la juventud andaluza.