Hoy 16 de mayo se ha aprobado el decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. Desde USTEA queremos manifestar nuestra postura ante una norma que la Consejería presenta como una respuesta a los problemas de convivencia en los centros educativos, pero que vuelve a eludir las verdaderas causas del deterioro de las condiciones educativas en Andalucía.

Desde USTEA valoramos positivamente que el decreto reconozca de forma expresa la autoridad pública del profesorado, que contemple medidas de protección jurídica y asistencia psicológica, y que visibilice institucionalmente los conflictos y agresiones que sufre el personal docente en el ejercicio de su labor. También consideramos un avance que se reconozca la necesidad de recopilar datos y de establecer estructuras de apoyo específicas. Sin embargo, estas medidas, aun siendo necesarias, resultan claramente insuficientes y no pueden sustituir a las políticas educativas de fondo que el profesorado andaluz viene reclamando desde hace años.

El profesorado andaluz no necesita premios, menciones ni reconocimientos simbólicos. No pedimos distinciones ni galardones: exigimos recursos reales para poder ejercer nuestra labor con dignidad y eficacia.

El principal problema de la convivencia en los centros educativos no es la falta de autoridad, sino unas ratios inasumibles, aulas masificadas y una alarmante falta de profesionales de orientación , educación social (PTIS) y otros perfiles de apoyo. Pretender mejorar el clima escolar sin reducir ratios y sin reforzar los equipos de orientación es ignorar deliberadamente la realidad diaria de los centros.

La creación de una base de datos anonimizada sobre el profesorado que solicita asistencia psicológica puede ser útil para visibilizar la sobrecarga laboral, pero esta herramienta debe servir para señalar con claridad que el profesorado está desbordado. Gestionar aulas con más de 25 o 30 alumnos y alumnas, muchos de ellos con necesidades educativas diversas, sin apoyo suficiente de orientación ni recursos especializados, está teniendo un impacto directo en la salud mental del profesorado.

La labor tutorial y educativa, que debería ser preventiva, cercana y personalizada, se vuelve prácticamente imposible con ratios tan elevadas y con equipos de orientación claramente insuficientes. Andalucía continúa situándose entre las comunidades con peores ratios de alumnado por orientador u orientadora, lo que impide una atención adecuada al alumnado y deja al profesorado solo ante situaciones de gran complejidad social, emocional y conductual.

Esta situación está provocando un aumento preocupante de los niveles de estrés, ansiedad y depresión entre los y las docentes, convirtiendo la docencia en una de las profesiones con mayor índice de desgaste emocional. Ningún decreto de autoridad resolverá este problema mientras no se actúe sobre las causas estructurales: falta de personal, exceso de alumnado por aula y abandono de los servicios de orientación.

A todo ello se suma una sobrecarga burocrática insostenible, que continúa creciendo pese a los anuncios de desburocratización. La acumulación de tareas administrativas roba tiempo a la atención educativa y agrava el desgaste emocional del profesorado. Desde USTEA exigimos menos papeles y más profesionales en los centros.

Desde USTEA seguimos exigiendo:

• Reducción inmediata de ratios en todas las etapas educativas.
• Aumento significativo de profesionales de orientación y apoyo en los centros.
• Refuerzo de plantillas docentes y atención a la diversidad.
• Desburocratización real del trabajo docente.

La educación pública debe ser el pilar de una sociedad justa, inclusiva y democrática, y eso solo será posible si el profesorado cuenta con recursos, apoyo y condiciones laborales dignas, no con discursos vacíos sobre autoridad ni con normas que perpetúan la desigualdad del sistema educativo.