Desde USTEA queremos expresar nuestra preocupación y rechazo ante la reciente presentación de la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, que la Consejería nos trasladó en una Mesa Sectorial Extraordinaria el pasado viernes 10 de enero, así como las declaraciones realizadas por la consejera de Educación, Carmen Castillo, que no reflejan la realidad de la situación educativa actual en Andalucía.

En primer lugar, la consejera afirma que “aumenta el número de funcionarios”, lo cual es incorrecto. La OEP 2025 se limita a aplicar una tasa de reposición del 100%, es decir, únicamente sustituye las plazas que quedan vacantes por jubilaciones, renuncias, fallecimientos o pérdidas de condición del funcionariado, sin ampliar la plantilla. La Consejería podría tener mayor voluntad política y aumentar la tasa de reposición hasta un 120%, el máximo permitido. Desde USTEA llevamos tiempo reclamando un aumento real de las plantillas docentes para responder adecuadamente a las necesidades del sistema educativo. Sin embargo, la Administración sigue ignorando esta demanda, manteniendo unas cifras que perpetúan un sistema educativo con infradotación de profesionales.

Por otro lado, Castillo asegura que “hay más estabilidad” en el sistema educativo. Esto tampoco es cierto, ya que no se ha incrementado el número de plazas de funcionariado ni se ha reducido la interinidad a niveles aceptables. La tasa de interinidad sigue siendo elevada, y las cifras que maneja la Consejería no garantizan alcanzar el objetivo del 8% antes de 2026. Además, seguimos sin contar con datos claros y transparentes que permitan analizar en profundidad cómo se está gestionando esta estabilidad, lo que genera desconfianza en el colectivo docente.

Otro aspecto preocupante son las declaraciones de la consejera respecto al “poder adquisitivo razonable” del profesorado. Esta afirmación resulta particularmente ofensiva, teniendo en cuenta que las trabajadoras y trabajadores de la educación hemos sufrido una significativa pérdida de poder adquisitivo debido al aumento del coste de la vida y a la falta de medidas compensatorias por parte de la Administración. A esto se suma que la Consejería aún no ha abonado la paga extra pendiente de años anteriores. Resulta paradójico que la consejera, quien recientemente se incrementó el sueldo en 420 euros, cuestione el legítimo derecho del profesorado a reivindicar mejoras salariales que se ajusten a la realidad económica actual.

Desde USTEA también queremos destacar la falta de participación real de las organizaciones sindicales en la elaboración de esta OEP. Ya que solo se nos ha informado del proceso, sin proporcionar datos esenciales ni facilitar espacios de negociación adecuados. 

En USTEA consideramos que la educación pública necesita voluntad, necesita políticas valientes y transparentes que garanticen no solo una oferta de empleo que cubra las necesidades reales del sistema, sino también la dignificación del profesorado y su papel fundamental en la sociedad. Seguiremos trabajando para exigir un aumento real de las plantillas, la estabilización del personal interino y unas condiciones laborales justas para todas las trabajadoras y trabajadores de la educación.