Desde USTEA queremos expresar nuestra postura respecto al Proyecto de Decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. Aunque celebramos algunas medidas que buscan proteger y visibilizar la labor del profesorado, no consideramos prioritaria la idea de premiarnos o otorgarnos menciones especiales, como establece la ley. No pedimos distinciones ni reconocimientos, sino recursos reales que nos permitan desempeñar nuestra labor con eficacia. Los y las docentes andaluces necesitamos un aumento de plantillas y mejores condiciones laborales para ofrecer una educación de calidad, basada en la convivencia y el respeto a la diversidad, en lugar de una concepción autoritaria de la enseñanza.

La creación de una base de datos anonimizada con fines estadísticos del profesorado que solicite asistencia psicológica y que registre los casos atendidos, su tipología y resolución, es fundamental para visibilizar la sobrecarga laboral que soporta el profesorado andaluz. Esta herramienta permitirá obtener una visión objetiva sobre la magnitud de la labor que implica gestionar situaciones complejas del alumnado. La labor educativa y tutorial, que debe ser integral y cercana, se ve constantemente limitada por la falta de recursos humanos. En contextos de alta complejidad, el profesorado se encuentra desbordado, lo que contribuye al aumento de los niveles de ansiedad y depresión, convirtiendo a la docencia en una de las profesiones con mayor índice de trastornos emocionales.

La sobrecarga laboral sigue siendo insostenible, agravada por la falta de personal y la saturación de tareas. Es imprescindible aumentar la plantilla docente y acelerar la prometida desburocratización, ya que la carga administrativa está directamente vinculada al desgaste emocional de los y las docentes. En USTEA somos testigos de la saturación burocrática que afecta a nuestras compañeras y compañeros, lo que no solo perjudica su bienestar, sino que también limita su capacidad para centrarse en lo esencial: la atención educativa del alumnado. Es urgente tomar medidas concretas para reducir esta carga administrativa y reforzar los recursos humanos, permitiendo que el profesorado desempeñe su labor de manera efectiva, cuidando tanto de su salud como de la de sus estudiantes.

Por otro lado, en cuanto a la Disposición adicional primera que afecta a los centros docentes privados, desde USTEA nos oponemos rotundamente a que los centros concertados y privados tengan “autonomía para establecer sus normas de organización y funcionamiento y sus normas de convivencia y disciplina en el marco de la normativa vigente”. Este trato diferenciado es injustificable, ya que toda persona que desempeñe funciones docentes en el Estado español debería estar sometida a las mismas normas y procedimientos, sin importar si trabaja en un centro público o privado. La autonomía organizativa otorgada a los centros privados no debe prevalecer sobre el derecho del profesorado a ser tratado de manera equitativa en todos los ámbitos educativos. Este tipo de medidas refuerza la idea de que la Consejería prioriza los centros privados frente a la educación pública, que atiende a la mayoría del alumnado. Si bien los docentes de centros privados deben contar con garantías en cuanto a su labor, no podemos permitir que se sigan relegando los recursos necesarios para la educación pública, que debe estar adecuadamente dotada para poder atender las necesidades educativas y emocionales del alumnado de forma efectiva.

Desde USTEA seguimos exigiendo un aumento de plantillas y una verdadera desburocratización para que el profesorado pueda concentrarse en lo esencial: la educación de nuestro alumnado. La educación pública debe ser el pilar de una sociedad inclusiva, justa y equitativa, y para ello es imprescindible que el profesorado cuente con el apoyo y los recursos necesarios.