Según datos del Banco de España, el gasto anual de deuda pública superó en el pasado 2018 el 100% del PIB y nos sigue situando como la 3ª Comunidad Autónoma más endeudada (sólo detrás de Catalunya y Pais Valenciá). El endeudamiento neto de nuestra comunidad supone ya casi 34.000 millones (un 3% más que en 2017).

Pero no todo van a ser datos. Detrás de los mismos hay consecuencias y hay personas que las sufren. Casi el 42% de la población andaluza vive en riesgo de exclusión social, según datos de la Red Andaluza contra la pobreza en Andalucía, y las desigualdades no hacen sino aumentar. Hay varios elementos que dependen directamente de la administración andaluza como son la sanidad, de la que indica que es desigual dependiendo de la zona geográfica, o la educación, en la que resalta la deficiencia de muchas infraestructuras, en servicios como los de comedor escolar y las altas ratios en algunas zonas.

Como en otras ocasiones, las cifras de los Presupuestos andaluces resultan difíciles de contrastar, dado que los porcentajes se suelen ofrecer sin referencias a otros ejercicios. La situación se complica cuando se producen trasvases de servicios y, por tanto, de gasto, de unas consejerías a otras o de unos servicios a otros. Sirva como ejemplo ocurrido con la Agencia Pública de Educación, cambiada de nombre, funciones y financiación tres veces en los últimos años.

Tal y como hemos comentado en otras ocasiones con la administración anterior, nos preocupa que prime en la administración andaluza la intención de articular un discurso que favorezca a los partidos en el poder y asiente la sensación de crecimiento, salida de la crisis y políticas paliativas de sus efectos, antes que la asunción de la realidad y la elaboración de unos presupuestos acordes con la misma, en cuya explicación se haga un ejercicio de transparencia por encima de todo.

Como sindicato que defiende un servicio público, de calidad y universal nos preocupan los anuncios del nuevo gobierno en el sentido de dotar de más peso al sector privado/concertado. Queremos dejar claro que nos parece regresivo y que no hará sino acrecentar las desigualdades en nuestra comunidad. De hecho la cuestión de lo público y lo privado/concertado se confunde a lo largo de estos presupuestos. Los anuncios de aumento en la dotación en Sanidad (758 millones más) o Educación (256 millones más) enmascaran un buen aumento en las partidas destinadas al sector privado/concertado, ya sea por ejemplo a educación concertada o el trasvase de de dinero público que se está haciendo a la sanidad privada en el plan de reducción de listas de espera.

1.- ANÁLISIS DEL CAPÍTULO I.

El gasto de personal aumenta en un 5,1%, lo que sirve al nuevo gobierno para indicar que “Se restituyen los derechos de los empleados públicos en educación y en el Servicio Andaluz de Salud”. Todo aumento de gasto en esta partida es positivo, pero no se nos debe olvidar que, hasta el año pasado, la pérdida neta de empleo público en Andalucía era de más de 17.000 personas (según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda), situándonos como la cuarta comunidad autónoma que más empleo público ha recortado durante los últimos años. Con este dato es evidente que dicho aumento es totalmente insuficiente para la “recuperación de derechos” que anuncia el gobierno.

En este Capítulo queremos hacer incidencia en la no devolución de las pagas extras que en 2013 y 2014 se quitaron a las y los empleados públicos andaluces más aún cuando hay un acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de Julio de 2018 en que se contemplaba dicha devolución. Desde USTEA creemos que este es otro aspecto que inhabilita al actual gobierno para hablar de recuperación de derechos. La pérdida de poder adquisitivo en el sector público andaluz en los últimos 7 años es de cerca de un 20% de media (entre congelaciones no recuperadas y detracciones como la mencionada). Por tanto, si queremos hablar de una recuperación real de derechos es necesario restituir el nivel de los salarios a las y los empleados públicos una vez pasada la crisis, tal y como anuncian a bombo y platillo las diferentes administraciones. Nos tememos que dicha salida se ha hecho con salarios más bajos, con más desigualdad, con más precariedad y con menos derechos.

Y esto sólo si hablamos de las retribuciones. En las mesas de negociación USTEA ha expresado reiteradamente la necesidad de Modificar las Relaciones de Puesto de Trabajo actualizando las necesidades de unos centros que se encuentran infradotados de personal y prácticamente en servicios mínimos, cubiertos con una RPT diseñada hace de 25 a 30 años. La falta personal en muchas administraciones se ha convertido en un verdadero problema para el desarrollo de los servicios públicos, cuestión que ha sido denunciada por los componentes del actual gobierno cuando estaban en la oposición. Esperamos coherencia en este punto y que haya un aumento de personal más allá del anunciado en los medios

En este sentido nos parece bien que la Junta se comprometa a “Evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía con estudio de propuestas de modificaciones de RPT’s” (p. 184 de la Memoria de 2018). Pero esto ya lo hemos oído en multitud de ocasiones.

Respecto a la oferta de empleo público el nuevo gobierno ya se ha encargado de anunciar algunas de las cifras de las diferentes convocatorias (3800 en Educación, 2786 para la administración general…). Como ya indicábamos anteriormente, no sirve para recuperar el empleo público perdido y no nos vamos a repetir. Aquí nos preocupa especialmente la atención que se le vaya a prestar al personal interino que actualmente realiza las labores asociadas a dichos puestos y cuya experiencia laboral es un valor a tener muy presente. Pedimos que estos procesos tengan muy en cuenta a estas trabajadoras y trabajadores que actualmente prestan servicios para la administración pública andaluza.

Es curioso, que el tan anunciado aumento de plazas para el empleo público sólo haya venido tras varias sentencias europeas que han obligado a ambos gobiernos (central y andaluz) a reducir la tasa de trabajo temporal en la administración. Pensamos que dicha medida debería haber formado parte integral de las políticas de la Junta en los últimos años y pedimos al nuevo gobierno que lo establezca como un objetivo en lo que al personal se refeiere.

Queremos resaltar también en este punto dedicado a los datos en personal el terco hincapié en alargar hasta la exasperación el plazo para la cobertura de bajas en la mayoría de Consejerías. La no cobertura de bajas repercute en la calidad de servicio y, por tanto, en la sensación de un empeoramiento del mismo. Con el cambio de gobierno, no ha habido modificaciones reseñables en este sentido, adoptando las formas de trabajo de la anterior administración andaluza.

Respecto al personal y su contratación nos llama la atención dos medidas pactadas con VOX en última instancia. Por un lado la limitación adicional para contratar personal laboral fijo, sujetando su plazo a la finalización de las causas de urgente necesidad que motivaron la contratación, más aún con la falta de trabajadoras y trabajadores que hemos denunciado anteriormente. Por otro lado, el uso de un ente externo para evaluar la contratación de personal directivo que revise su mérito, capacidad e idoneidad puede dejar fuera del control público (supuestamente objetivo) quién ejerce esas tareas y quién no. Esperemos que este sistema no se convierta en una forma de descartar personas por otro motivos diferentes a los indicados anteriormente.

También nos preocupan a USTEA otras ausencias. Por ejemplo, NO hay mención a la Prevención de Riesgos Laborales ni en Sanidad ni en Educación. El compromiso con la Seguridad de los trabajadores a menudo incluye medidas que mejoran el servicio a los usuarios. Por lo tanto, debe ser una preocupación trasversal y un compromiso completo de la Administración.

Por último indicaremos que la anunciada subida salarial del 2,25% para este año (que será de un 8% hasta 2020) es insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las y los empleados públicos andaluces que, desde el inicio de la crisis, podemos valorar en un 20%.

2.- SANIDAD.

Como el gobierno ha anunciado en las pasadas semanas, el presupuesto en Sanidad es casi un tercio del presupuesto total, con un aumento del 7,69% respecto al año pasado. Esta subida positiva no puede hacernos olvidar el dato de que Andalucía es la CCAA con menor gasto sanitario por habitante, cuestión que es necesario paliar a la mayor brevedad posible. Los problemas de gestión y las deficiencias, explicitadas en años anteriores en amplias movilizaciones de la Mareas Blancas, no pueden ser ignoradas y es necesario darles solución cuanto antes.

En este punto queremos poner el acento sobre los programas de reducción de listas de espera. Nos gustaría que sirviese, además de para su objetivo primario, para aumentar la cantidad y la calidad del empleo público sanitario y no para trasvasar recursos de todas y todos hacia el sector privado, convirtiendo esta cuestión en un parche y no en una política estructural de reducción de dichas listas.

3.- BIENESTAR SOCIAL.

La partida destinada a los Servicios Sociales aumenta en un 5% (117 millones), destinando la mayor parte de ella a Dependencia con la previsión de atender a más de 180.000personas durante este año. Valoramos el esfuerzo presupuestario en este campo, pero es necesario tener en cuenta los recortes sufridos en ejercicios anteriores y el aumento del número de personas dependientes, lo que nos hace temer el que saldo neto sea negativo en este campo en los últimos años

Sin embargo la partida destinada a políticas para la creación de empleo se reduce en un 15% mientras se promete la creación de 60.000 puestos de trabajo para este 2019 (600.000 prometidos en campaña electoral). Las políticas activas de empleo son necesarias y no se puede dejar todo a un supuesto crecimiento económico que se encargará de crear trabajo.

4.- EDUCACIÓN.

En la partida destinada a Educación se observa un aumento positivo de un 3,5% (256 millones más) respecto al año anterior. Sin embargo todavía estamos lejos de recuperar en este apartado los niveles de hace unos años. Si observamos las cifras, desde 2015 la caída en este apartado sigue siendo de más de un 10%. De hecho, desde 2015, tenemos saldo negativo en todas las partidas excepto en gastos financieros.

Valoramos positivamente la tendencia pero creemos que se debe dotar de mayor celeridad a la recuperación de la inversión perdida en este apartado. Como ya hemos comentado en apartados anteriores, USTEA apuesta decididamente por una educación pública y de calidad y creemos que un aumento cuantitativo no tiene porqué implicar una mejora en la línea creemos que es la adecuada. El apoyo de los partidos que forman el gobierno andaluz hacia la enseñanza privada/concertada es más que evidente y en los presupuestos vemos que hay un trasvase de recursos públicos hacia dichas enseñanzas, que aumentan su dotación en un 5,4% (por encima del aumento en la dotación en este apartado de Educación) y pasando de un 10,7% al 11% del total del presupuesto en materia de Educación.

En estos tiempos de bajada demográfica, la educación concertada (que es privada al fin y al cabo) se mantiene o crece mientras que se cierran unidades en la escuela pública, tal y como se está denunciando estos días por toda la geografía andaluza por parte de AMPAS, profesorado y Juntas de personal.

Como ya denunciábamos con el anterior gobierno, este continuo aumento supone una amenaza a la educación pública que nos tememos que vaya encaminada a su desmantelamiento. Según el propio INE y el propio Ministerio de Educación, Andalucía no es la que más concertada tiene, pero lidera el aumento en este aspecto en la última década (con 547 centros educativos concertados más). Denunciamos que esta tendencia se acentúe con el nuevo gobierno y pedimos su reversión inmediata.

Esto se refleja en alguno de los programas educativos. El más claro es la Educación Infantil y el programa para la gratuidad de la misma en la etapa de 0 a 3 años, destinándose un 41% más que el año pasado. Teniendo esta etapa educativa concertada en un altísimo porcentaje, este programa de gratuidad se convertirá en otro ejemplo de trasvase de dinero público hacia el sector privado. Creemos que esos recursos se deben destinar a ampliación de la red pública de la etapa de 0 a 3 años, hasta hacer que llegue al total de la población andaluza y por supuesto, manteniendo esa gratuidad tan anunciada.

Si es cierto que se apuesta por una mejora de la escuela pública y una lucha decidida contra el fracaso escolar (como ha declarado el Consejero de Educación), echamos de menos un mayor aumento en el presupuesto para bajar las ratios, medida apoyada por una abrumadora mayoría de las y los docentes andaluces y que vuelven a no ser escuchados, reforzar los servicios de orientación educativa o la atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Por contra, la solución ofertada por la administración es un plan de apertura estival de los centros, que costará 12 millones de Euros y con los que, por ejemplo, se podría dotar de personal PTIS para atender al alumnado con NEE en toda Andalucía.

Y, por supuesto, tal y como pasaba con el anterior gobierno seguimos a la espera de plan de climatización que cubra el 100% de los centros educativos públicos andaluces, y se dejen de parches que están lejos de ser una solución definitiva.

En resumen, hay una obstinación en anunciar más gasto en educación sin hacer en ningún momento diferenciación entre lo que va al sector público y lo que no, intentando incorporar y naturalizar la esfera privada/concertada dentro de los servicios públicos. El aumento del sector privado implicará un aumento de las desigualdades.

5.- INMIGRACIÓN

Se detraen 600.000€ de la partida 48701 del 31J para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes y se destinan a edificios y otras construcciones judiciales. Observamos con temor como este gobierno se pliega a las exigencias de aquellos partidos que abogan por criminalizar la inmigración y quiénes ayudan a las personas migrantes.

Nos oponemos a que se trate esta cuestión como un problema policial y judicial y abogamos por la integración de estas personas implementando partidas tanto en Educación como en Servicios Sociales.

CONCLUSIONES.-

1.- Tal y como viene sucediendo en los últimos años, el presupuesto destinado a sectores clave, como la sanidad, la educación y el bienestar social es claramente insuficiente, a juzgar por las necesidades crecientes de la población andaluza, que vive una situación de franco deterioro de sus condiciones de vida (como indica la Red Andaluza contra la pobreza). Los aumentos presupuestarios no llegan a compensar las pérdidas producidas en años anteriores.

2.- Es curioso que todos los años, gobierne quien gobierne, nos encontramos con los presupuestos más sociales de la historia “que dejan atrás la crisis”. En este sentido vemos bastante continuismo respecto a la anterior administración. Nos encontramos con unos presupuestos cuya realidad es bien distinta, que hacen recaer el trabajo y la responsabilidad del mantenimiento de los servicios –y los derechos- públicos sobre las espaldas de las y los empleados públicos.

3.- Pedimos coherencia a los partidos que están en el gobierno. No es de recibo que se pidan unas cosas estando la oposición y no se lleven a cabo cuando se está en el gobierno. En este sentido queremos destacar la devolución de las pagas extras de 2013 y 2014, defendida en sede parlamentaria por los partidos actualmente en el gobierno en la anterior legislatura.

4.- El gasto en educación no aumenta en la manera en la que debería para siquiera aproximarse a la media de otras regiones de este país y, por supuesto, europeas. En su informe, el Ministerio de Educación sigue situando a Andalucía a la cola de las CCAA en cuanto a la inversión por alumno (casi la mitad que Euskadi). Por si esto no fuera poco, mantiene una serie de rasgos comunes en los últimos años: se aumenta el gasto destinado a la enseñanza privada-concertada; no disminuye suficientemente el trabajo precario (cuando no aumenta debido a las externalizaciones) y no se recupera, por quinto año, el empleo docente perdido. Algo muy parecido sucede en Sanidad donde también ocupamos la cola en cuanto a gasto sanitario por habitante.

5.- Se siguen declarando “sectores estratégicos” del desarrollo económico andaluz el turismo y la agricultura, lo que indefectiblemente mantendrá a Andalucía en una economía subalterna y dependiente, sin buscar alternativas al esquema de desarrollo actual, el mismo aplicado durante los últimos 35 años, que nos mantiene en la misma situación de paro y dependencia, respecto al resto de las comunidades autónomas del estado español y que nos concede el triste estatus europeo de estar a la cabeza en paro y pobreza.

6.- La eliminación de impuestos como el de Sucesiones no ayuda a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, mientras que se da satisfacción a sectores sociales minoritarios. Ese dinero que se deja de ingresar, podría ser utilizado en mejorar por ejemplo, los servicios públicos.

7.- La recuperación de derechos arrebatados a las y los empleados públicos es muy lenta. No olvidemos que estos derechos –económicos, sociales y laborales- son esenciales para la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública.

8.- El presupuesto mantiene estructuras de empleo público temporal y de baja calidad, y sólo a través de sentencias judiciales de instancias europeas ha sido como se ha obligado a revertir parcialmente la situación. Se sigue abusando de la contratación parcial y temporal en muchas de las Consejerías y de la externalización de servicios.

9.- USTEA se ha declarado en contra de la llamada “administración paralela”, pero su eliminación no se puede hacer de cualquier manera. Es necesario evaluar las tareas que realizaban esas agencias y pasar al sector público aquellas que fueran esenciales, con la generación del empleo público correspondiente. Nos tememos que servirá de excusa para más externalizaciones.

10.- No nos cansaremos de repetirlo: Hay una constante confusión en estos presupuestos entre lo público y lo privado. Se anuncian aumentos de partidas presupuestarias sin indicar en dichos anuncios, qué parte aumenta en cada uno de los dichos sectores.

PROPUESTAS DE USTEA.

1.- El gobierno andaluz debe garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad, que garanticen el derecho a la educación, a la sanidad y a una vida digna. Estos presupuestos creemos que no avanzan lo suficiente en esa dirección cuando no van en la contraria.

2.- Oferta pública de empleo acorde con las necesidades reales de la ciudadanía y que permita recuperar los puestos públicos perdidos en los últimos años. Pedimos la cobertura inmediata de cualquier baja de empleadas o empleados públicos.

3.- Reversión de la privatización en los servicios educativos. La educación privada concertada es subsidiaria de la pública y la administración tiene la obligación de actuar en consecuencia. La sanidad y los servicios sociales necesitan empleo estable y que sus trabajadores y trabajadoras recuperen los derechos perdidos. Reducción a 23 horas lectivas al profesorado de Primaria e Infantil.

4.- Eliminación real de la administración paralela y del personal de confianza, revertiendo sus funciones al sector público.

5.- Reversión de los contratos parciales y precarios a contratos a tiempo completo en los servicios básicos de sanidad, educación y bienestar social.

6.- No ceder ni un ápice en el recorte de derechos propuesto por algún grupo parlamentario. Estos derechos se han conseguido con mucho esfuerzo por parte de los y las andaluzas. En este sentido exigimos la no cesión ante los intentos de invisibilizar la violencia específica contra las mujeres y enmascararla tras términos como violencia intrafamiliar.

7.- Devolución del 15% RECORTADO en la de los años 2013 y 2014 a cuenta de las pagas adicionales.

Desde USTEA pedimos que la anunciada recuperación de derechos de las empleadas y empleados públicos sea real, así como la defensa de los diferentes servicios públicos, mejorando su calidad y universalizando su acceso. Exigimos también que no se dé ni un paso atrás en la defensa de derechos fundamentales y en la búsqueda de la igualdad real entre mujeres y hombres.