El comienzo de curso la semana pasada en primaria vino marcado por la supresión de más de 400 unidades, lo que sumado a las ya suprimidas en lo que va de década se aproxima a  2000 aulas menos, todas ellas públicas “curiosamente”; el desplazamiento por supresión o falta de horario de más de 600 funcionarios y funcionarias de las distintas especialidades de esa etapa y la imposición unilateral por parte de la Consejería de unas instrucciones para este curso que han venido a agravar la situación del personal interino, aumentando, además, las horas lectivas de religión en detrimento de otras materias. Un despropósito de tal calado que ha motivado concentraciones desde el verano en defensa del profesorado interino, que ha perdido su puesto de trabajo como consecuencia de esta tormenta “perfecta” para la educación pública, convertida en agua de mayo para la escuela concertada y los intereses episcopales.

    En secundaria comienza el curso esta semana con una problemática también de gran gravedad, presentando algunos síntomas preocupantes. Aunque la bajada de la tasa de natalidad todavía no causa los estragos que en primaria, se han producido ya 250 supresiones y desplazamientos por falta de horario entre su profesorado. 

Más alarmante todavía es la intención declarada por el gobierno de PP+Cs, con el apoyo de Vox, de extender y generalizar los conciertos a los tramos postobligatorios, es decir, los bachilleratos y la Formación Profesional. Ya anunciamos que USTEA se posicionará totalmente en contra de la privatización y mercantilización de los tramos educativos postobligatorios. Ya estamos más que escarmentados de las consecuencias que trajo la privatización al mundo universitario.

    Tras los resultados de las oposiciones de Primaria  hemos podido comprobar cómo cientos de maestros y maestras, tras años de experiencia docente, no han conseguido vacante, empeorando su estabilidad laboral, ya de por sí castigada tras años y años de temporalidad abusiva. A este respecto, ante la convocatoria en este curso de las oposiciones de secundaria y para que no se repita la misma injusticia con este profesorado, consideramos que es una urgente obligación tanto del Ministerio de Educación como de la Consejería andaluza iniciar el proceso para establecer legalmente la normativa que desarrolle el artículo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que considera el acceso diferenciado como una vía para acceder al funcionariado.

    En el mismo sentido, es imprescindible que la próxima convocatoria de Oposiciones, se haga en base a un Real Decreto que determine que las pruebas sean ‘no eliminatorias’, lo que es necesario para una mayor justicia en el resultado de las ofertas públicas de empleo previstas para el año 2020.

    Por otra parte, varios años después de darse “oficialmente” por acabada la crisis económica, en el ámbito de la educación siguen sin restablecerse la inversión educativa, las condiciones laborales del profesorado y de calidad de la enseñanza de hace una década. Por ejemplo, la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, recomienda un horario lectivo para el profesorado “con carácter ordinario de un máximo de veintitrés horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y un máximo de dieciocho horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas”. Si bien esto no deja de ser una mera recomendación, la disposición derogatoria única de la misma  anula los artículos 2, 3, y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, más conocida como el decreto de “los recortes educativos de Rajoy”, y fija, por tanto, las ratios máximas en 25 en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato. Ratios sistemáticamente incumplidas desde la planificación educativa que ha hecho la Consejería de Educación en numerosos Centros. 

    Hace unos días Javier Imbroda, Consejero de Educación de Andalucía, hizo público que este curso había bajado la ratio en Primaria e Infantil a unos 20 alumnos y alumnas por clase. Una desfachatez. ¿Veremos nuevos trucos malabares con las ratios de secundaria esta semana? No se trata de que los centros rurales reduzcan la ratio media del conjunto, sino de conocer cuál es la ratio más habitual y, sobre todo, que la Consejería deje de incumplir la norma. Además, desde USTEA defendemos que la normativa, que no debe ser incumplida, debe ser modificada para disminuir efectivamente la ratio. Una medida así sí dejaría ver una voluntad política por mejorar la situación, ya que es uno de los factores que más repercuten  en la calidad educativa.

    Según la normativa vigente desde este año, en que se promulga la Ley 4/2019, sólo excepcionalmente, por  ejemplo  por cuestiones sobrevenidas  como un traslado de domicilio, se puede aumentar la ratio en un 10%. Pero la Consejería ha convertido en norma la excepcionalidad, pues USTEA tiene documentados ya cientos de casos en tal sentido. Pedimos desde aquí a toda la Comunidad Educativa que se ponga en contacto con USTEA cuando detecte algún incumplimiento de este tipo.  

    Para terminar, sólo señalar que no se han atendido numerosas alegaciones en la adjudicación de destinos provisionales donde hemos detectado numerosos errores sobre las vacantes ofertadas (o no ofertadas y consideradas sobrevenidas), también en las comisiones de servicio. Unos 10.000 escolares seguirán escolarizados este curso en barracones prefabricados y no se ha aprovechado el verano para avanzar en mejorar las infraestructuras educativas, singularmente la climatización, muchas de ellas absolutamente obsoletas. Con un ridículo presupuesto educativo, escasamente por encima del 4% del PIB, que sólo ha aumentado  en su cuantía para la educación concertada, auguramos un curso conflictivo para la escuela pública también en la secundaria.

Andalucía, 16 de septiembre de 2019