El resultado del proceso de escolarización en los últimos años ha supuesto una constante disminución y supresión de unidades en la red pública (sobre todo en infantil y primaria), mientras que la red privada concertada ha ido consolidando y aumentando un porcentaje cada vez mayor de las mismas en las ciudades grandes y medias del territorio andaluz, no así en el ámbito rural donde la red concertada brilla por su ausencia: No es negocio.

Sin embargo, éste fenómeno que hasta ahora había estado circunscrito a las distintas especialidades de primaria, en la colocación provisional de efectivos de Secundaria para el próximo curso lo podemos ya observar: Casi 250 profesionales de los distintos cuerpos de secundaria han sido desplazados o suprimidos.

El fenómeno sin alcanzar aún los efectos devastadores de primaria, comienza a poner en evidencia la caída en picado de las tasas de natalidad, fundamentalmente desde 2011, otro de los efectos colaterales de la crisis, y que se empezará a evidenciar con crudeza en los cursos próximos también en el tramo de la Secundaria.

Por ello denunciamos todo incremento de las ratios máximas establecidas, manifiestamente ilegal según lo establecido en la Ley 4/2019, de 17 de marzo, que viene a derogar en parte el RD 14/2012 (conocido como el de los recortes educativos de Rajoy), concretamente en lo que respecta a la ratio máxima, que sólo se puede superar por causas extraordinarias o sobrevenidas. Por tanto aumentar la ratio máxima ordinariamente, tal y como hemos podido constatar, y contemplándola desde la planificación educativa es manifiestamente ilegal y animamos a denunciar todos los casos que la sobrepasen.

Asimismo USTEA luchará en defensa del sistema educativo público y estará frontalmente en contra de la extensión de los conciertos a los tramos posobligatorios como los bachilleratos o la Formación Profesional, tal como parce ser el programa político de la nueva Administración Educativa.

En primer lugar, porque estamos absolutamente en contra del modelo de concertación y mucho más cuando, en la práctica, esto supone cerrar aulas públicas para sostener y aumentar las privadas pero sosteniéndolas con fondos públicos. En segundo lugar, porque no podemos consentir que la educación posobligatoria, inicie la ruta de la privatización y mercantilización que hace años emprendió la Universidad, con nefastas consecuencias, pero que dejaremos su análisis para mejor ocasión.