“El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocidas en el artículo 27 de la Constitución”. Estas fueron las declaraciones pronunciadas por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en 2019, que provocaron una rabiosa reacción de las organizaciones pro concertada, numerosos medios de comunicación y los partidos de la derecha política del estado español.

Pues bien, se hace preciso recordar que, efectivamente, la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución Española en su artículo 27 se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a la normativa estatal. Pero en ningún caso se contempla en nuestra constitución, ni en el derecho comparado, que el Estado esté obligado a garantizar la gratuidad en colegios privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos.

En este sentido basta citar la sentencia 86/1985, de la sala segunda del Tribunal Constitucional: “… siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. De esta argumentación se puede concluir, claramente, que no se puede considerar como un derecho universal o derecho fundamental a la educación lo que no es más que una “preferencia individual”, tal y como asegura la sentencia.

Pero, ¿de qué se preocupan aquellos agentes interesados en favorecer la educación privada subvencionada con fondos públicos? En los últimos tiempos hemos podido leer en la prensa declaraciones como las realizadas por el presidente de CONCAPA Granada, en la que se afirmaba que, referente a las palabras de la ministra, “es un ataque a cualquier otra opción que no sea el puro adoctrinamiento, que ellos llaman educación pública”. De la misma manera, un miembro de FSIE (sindicato de la concertada) se aseguraba que “estos de Podemos quieren quitar la escuela de la concertada por el tema de la religión”, ya que consideran que las declaraciones de la ministra anticipan su relación de gobierno con UP, añadiendo que “estos comunistas tienen que pensar que somos trabajadores y que tienen que respetarnos”.

 Todas estas declaraciones no son más que una muestra del carácter reaccionario y xenófobo de este tipo de organizaciones, siguiendo una estrategia discursiva que pretende identificar la educación pública con adoctrinamiento y sembrar una oscura sospecha sobre cualquier argumento que ponga en cuestión el falaz argumento de la libertad de centro, atribuyéndolo a un supuesto ataque a la libertad religiosa o a sus derechos fundamentales, cuando, como hemos visto, no se trata más que de preferencias individuales de marcado carácter clasista. Es muy importante señalar que tan solo una educación pública, con un profesorado amparado bajo la figura del funcionariado, puede garantizar la independencia del mismo y así prevenir el adoctrinamiento. No se puede decir lo mismo de los modelos de contratación de la educación privada, que deja la puerta abierta a presiones a la labor docente, ya que el puesto de trabajo está en juego. Además, como sindicalistas, desde USTEA queremos denunciar que la extensión de los conciertos ha supuesto una precarización del trabajo docente.

USTEA quiere insistir en que los estudios internacionales concluyen que las políticas de libre elección de centro incrementan la segregación del alumnado en función de su origen y clase social y acelera la estratificación social de las escuelas y las diferencias de calidad entre ellas. La propia OCDE advierte, en su informe sobre Equidad y Calidad en la educación, de los peligros que conlleva la libertad de elección de centros ya que “contribuye a la segregación de estudiantes según capacidades y antecedentes socioeconómicos, y genera mayores desigualdades educativas”. El incremento de la tasa de segregación escolar en las comunidades en las que se han llevado a cabo políticas en esta dirección, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, son un claro ejemplo de estas consecuencias negativas para la cohesión social, desvirtuando y desfigurando lo que debería de ser una de las esencias del sistema educativo público.

Sin embargo, el pasado curso en Andalucía, el consejero de educación publicó un nuevo decreto de escolarización, al que USTEA mostró su más rotundo rechazo por considerarlo un ataque directo y sin tapujos a la educación pública y al papel del sistema educativo en la cohesión social, con el que, efectivamente,se ponía sobre el papel los compromisos reflejados en sendos acuerdos de gobierno entre PP – Ciudadanos y PP -Vox. Este Decreto establece, entre otras cuestiones, que “las áreas de influencia se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo”, lo que implica un aumento de facto de las zonas de influencia de los centros privados – concertados. Además, se pierde una excelente oportunidad para la reducción de la ratio en nuestras aulas, lo cual no resulta extraño si tenemos en cuenta que la Administración educativa incumple sistemáticamente por exceso las actuales, como este sindicato viene denunciando desde inicio de curso.

Igual de sangrante es que el actual gobierno estatal ha asegurado que “con el pacto de izquierdas no habrá cambios en la concertada”. Desde luego, ya es conocido el trabajo que desde el PSOE se ha hecho en favor de los conciertos educativos, desde la LODE de 1985 hasta nuestros días, habiendo contribuido enormemente a que España presente unos porcentajes de privatización de la educación muy por encima de la media europea.

Estas declaraciones de los máximos responsables sobre educación tanto de Andalucía como del conjunto del Estado son una muestra más de lo necesario de seguir luchando contra los ataques a la educación pública. 

Desde USTEA seguiremos defendiendo una escuela 100% pública, de calidad, laica, gratuita, universal y no sexista, apostando claramente por la anulación de conciertos educativos. Por ello creemos que es fundamental abrir el debate sobre la libre elección de centro de una manera clara, sin clichés ni falacias vertidas por intereses particulares.

#DineroPúblicoParaLaPública