El pasado 17 de julio se hizo pública la resolución por la que se procede a la adjudicación provisional de destinos provisionales del personal del Cuerpo de Maestros para el curso académico 2020/2021. Una vez más y a pesar de las reclamaciones y denuncias constantes por parte de USTEA, la Consejería ha procedido con una preocupante falta de transparencia, ya que la consulta de la información sobre este proceso está totalmente restringida y ni siquiera se permite su consulta a las organizaciones sindicales, representantes legales de las y los trabajadores afectados, imposibilitando así la comprobación de posibles errores e irregularidades que pudieran darse en este proceso.

Además, a la espera de la publicación de la adjudicación definitiva, todo parece indicar que se vuelve a producir un descarado ataque a la educación pública, con un elevado número de supresiones de puestos de trabajo. No obstante, resulta del todo lamentable que no se pueda analizar el alcance real de este ataque como consecuencia del oscurantismo de una administración que ya ha demostrado en numerosas ocasiones cuál es su proceder: blindaje de la educación concertada y desmantelamiento progresivo de la escuela pública.

Es especialmente preocupante que el descenso tan alarmante que parece que se ha producido en el número total de vacantes asignadas, sobre todo en la especialidad de Primaria, venga acompañado de las últimas noticias que hemos ido descubriendo sobre el proceso de escolarización, en el que se ha podido constatar cómo se han cerrado numerosas unidades por encima de la ratio máxima permitida por la normativa vigente, con una alarmante supresión de unidades en los colegios públicos de nuestra comunidad mientras muchas familias han sido obligadas a matricular a sus hijos e hijas en colegios confesionales concertados aún habiendo solicitado exclusivamente colegios públicos en sus peticiones.

Todo lo anterior, unido a los efectos que las instrucciones del verano pasado y a los de la nueva normativa, dejan a la especialidad de Primaria en una situación especialmente grave, con todo lo que ello supone de deterioro de la acción tutorial en una etapa en la que esta labor es de vital importancia. 

Este conjunto de hechos, relacionados entre sí, tan solo nos pueden hacer concluir que la es una apuesta clara, decidida y premeditada de el actual gobierno de la Junta de Andalucía el desmantelamiento progresivo de la educación pública en virtud de conceder más espacio y peso a los centros privados subvencionados con fondos públicos en el sistema de educación andaluz. Se hace preciso recordar que todos estos acontecimiento vienen a seguir la senda marcada por el nuevo decreto de escolarización aprobado a finales de febrero.

Ante esta situación, desde USTEA hemos exigido, formal e informalmente, a la Consejería de Educación, a través de un escrito tramitado mediante registro telemático, así como en conversaciones con los responsables de Recursos Humanos, que se publique la información completa del procedimiento de colocación de efectivos para que no se vean mermadas las garantías de las y los implicados, así como para poder supervisar el proceso por parte de las organizaciones sindicales, en virtud de garantizar la ausencia de irregularidades y perjuicios para las y los trabajadores, así como para tener conocimiento de los datos que nos permitan evaluar la magnitud del ataque que la escuela pública andaluza ha vuelto a sufrir. De la misma manera, hemos exigido que la contratación de personal de refuerzo educativo anunciada por la administración se produzca a través de este procedimiento, ya que no procede considerar como vacantes sobrevenidas aquellas que ya están planificadas y anunciadas.

Por último, en USTEA entendemos que el conjunto de situaciones y de políticas a las que estamos asistiendo constituyen una declaración de intenciones por parte de la Consejería de Educación que deben ser contestadas de manera contundente por parte del profesorado y la comunidad educativa. La defensa de la Educación Pública ha de ser una prioridad.