La Consejería recorta en 276 el número de clases en los colegios públicos andaluces y crea 261 unidades escolares temporales con personal contratado como “apoyo Covid”, a cargo de los fondos europeos de recuperación. La situación del alumnado con necesidades educativas especiales sigue siendo de grave desatención, a pesar de la creación de aulas específicas. USTEA defiende la aprobación de la ILP para la bajada de ratios que impulsó el curso pasado, como alternativa a la masificación y la pérdida de clases públicas que impone la administración educativa
Según los datos publicados en el BOJA del pasado jueves 10 de noviembre, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha cerrado este curso 681 clases de Infantil y Primaria en colegios públicos de todas las provincias y se ha visto obligada a crear 405, por lo que la red de centros públicos de Andalucía cuenta, desde este año, con 276 clases menos en su estructura.
La eliminación de clases públicas es una tendencia que se mantiene año tras año, desde la llegada de Moreno Bonilla al gobierno de la Junta. Solo en la pasada legislatura, la red de centros públicos perdió 1.181 clases. Con las supresiones de este curso, la cifra es ya de 1.457 unidades escolares menos en la estructura del sistema educativo público de Andalucía.
Al mismo tiempo, la Consejería ha decidido modificar las funciones del personal que, hasta el año pasado, se dedicaba a mitigar los efectos de la pandemia y dedicarlo a la creación de 261 unidades escolares temporales. Según informó en septiembre la Dirección General de Planificación Educativa a USTEA, estas unidades, atendidas por personal docente contratado como “apoyo Covid”, se han creado para rebajar las ratios en determinados centros con clases al límite de la ratio máxima permitida por la normativa. Se trata de unidades escolares temporales sin garantías de continuidad, pues dependen de la coyuntura actual y de los fondos REACT-EU (Fondo Social Europeo) del paquete Next Generation que el Ministerio reparte entre las comunidades autónomas.
Para USTEA, la creación de unidades escolares temporales con personal de apoyo Covid es una medida improvisada que solo puede interpretarse como la respuesta de la Consejería al apoyo masivo de la comunidad educativa a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la bajada de ratios escolares. En cualquier caso, la creación de clases públicas es siempre una buena noticia que además, supone el reconocimiento implícito de la existencia de ratios abusivas e ilegales, tantas veces negada por la administración. Del mismo modo, a pesar de su carácter temporal, estas unidades demuestran que es necesario reducir el número de alumnas y alumnos en las aulas, como viene reclamando USTEA desde hace años y que además es posible hacerlo, cuando existe voluntad para ello.
La creación de estas “unidades Covid” temporales ha supuesto cierto alivio respecto a las supresiones masivas de los últimos años, aunque el cómputo total de este curso sigue siendo negativo y ni siquiera contabilizándolas se ha invertido la tendencia de pérdida de clases públicas. Del mismo modo, estas unidades creadas en los centros con mayores problemas de masificación, junto a la existencia de colegios rurales, han hecho descender mínimamente la “ratio media” a la que se refiere la Consejería de manera recurrente. Si se hace una media aritmética de todos los centros de Andalucía, el resultado es un dato que solo sirve para dar una falsa imagen de bajada de ratios que no se corresponde con la realidad de la mayoría de los colegios e institutos andaluces.
En cuanto a la atención a las niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y necesidades educativas especiales (NEE), según los datos extraídos del BOJA y los facilitados por la propia Consejería, se han creado 67 aulas específicas y se han contratado 145 profesionales de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT) como “apoyo Covid”. Estas cifras son claramente insuficientes en una red educativa que cuenta con casi 54.000 aulas y no solucionan la gravísima situación de este alumnado que, como denuncian familias y profesionales, se encuentra seriamente desatendido. Prueba de ello son las continúas protestas de la comunidad educativa en todas las provincias andaluzas, como las realizadas en los últimos días en Granada, Trebujena, Cádiz y Jaén, por poner solo los ejemplos más recientes.
USTEA viene denunciando, desde hace años, que el modelo de escolarización de la administración educativa andaluza provoca la masificación general de las aulas y la supresión continuada de clases públicas. Para USTEA, la solución definitiva pasa por la bajada de las ratios por ley en todos los niveles educativos y en la atención al alumnado con NEAE y NEE, por lo que continúa trabajando en la ILP que impulsó el curso pasado y que esté pendiente de su debate en el Pleno del Parlamento de Andalucía.