– Situación real de las bajas del profesorado por COVID: entre el lunes y el martes se habrían acumulado para su oferta en SIPRI 943 sustituciones y alrededor de 300 vacantes. Estas cifras no son significativamente superiores a las de años anteriores en estas mismas fechas, siempre según datos de la administración. La Consejería dice no haber encontrado una incidencia excesiva tras la alarma generada y que el funcionamiento de los centros está siendo más o menos normalizado. Los datos de la Consejería chocan con la percepción de docentes y familias que, desde el lunes, nos informan de la no cobertura de bajas (algunas de larga duración y anteriores a las vacaciones) y el consiguiente perjuicio al desarrollo de la actividad de los centros. Por otro lado, hemos recibido denuncias de dificultades “técnicas” para grabar las ausencias de docentes, por lo que un número indeterminado de bajas por Covid y otras enfermedades y dolencias no pueden incluirse en el sistema y, por tanto, no están siendo contabilizadas como bajas, lo que explicaría en parte las cifras de la Consejería.

Sobre el llamamiento de urgencia para la cobertura de determinadas bajas, la administración, de acuerdo con los servicios de inspección, habría adjudicado 16 plazas voluntarias por llamamiento telefónico entre lunes y martes y 3 entre el 9 y el 22 de diciembre. Este procedimiento se seguirá utilizando en los casos necesarios, pero no con carácter general.

 – Al preguntársele a la Consejería sobre los permisos para el personal docente que tenga a su cargo menores o dependientes confinados o positivos, la respuesta es que pueden acogerse al “cuidado del menor por enfermedad infectocontagiosa, en caso de menores de 9 años” (3 días cada progenitor; no se da respuesta al caso de familias monoparentales) y en caso necesario el “permiso por deber inexcusable” justificándolo con declaración jurada de la situación y con los pertinentes informes médicos o pruebas documentales que acrediten la situación.

El acuerdo sobre este aspecto seguiría vigente, aunque se reconoce que es de difícil aplicación en la actualidad, debido a que se está aplicando la presencialidad total del alumnado.

Es llamativo que la solución al confinamiento de menores y su necesario cuidado sea un permiso de 3 días, cuando el periodo obligatorio de permanencia en casa es bastante mayor. Por otro lado, el recurso al “deber inexcusable” para el cuidado de menores es algo que no suele ser admitido por los servicios de inspección, por lo que podría acarrear más dificultades que soluciones.

– En relación al personal interino afectado por Covid, tanto para la participación en convocatorias de SIPRI, como para su incorporación a un puesto asignado, la administración informa de que deben notificarlo, de igual manera que otra contingencia o IT al sistema. En caso de imposibilidad de obtener un certificado médico, debido a la saturación de la atención primaria, en el momento de la participación o incorporación deberán presentar una declaración jurada de la situación, a ser posible con documentación de una PCR (¡de su bolsillo!) a la espera de informes médicos que acrediten la situación alegada para aportarlos al sistema. La Consejería de Educación dice haber contactado con la de Salud, para agilizar los trámites.

Sustituir la atención médica por el autodiagnóstico y el cargar el coste de las pruebas clínicas sobre las personas usuarias, además de crear desazón e intranquilidad, supone una dejación de funciones del gobierno de la Junta de Andalucía y otro ataque más a los servicios públicos que, en este caso, además suponen un ataque a los derechos de las trabajadoras y trabajadores, en su calidad de empleados de la administración y de ciudadanos con derecho a la asistencia sanitaria.