Ante la denuncia presentada por USTEA Cádiz, la Inspección de Trabajo requiere a la Consejería de Educación el cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales a la mayor brevedad posible.

El pasado mes de noviembre USTEA Cádiz, sindicato comprometido con la salud laboral, denunció ante Inspección de Trabajo el reiterado incumplimiento por parte de la Delegación de Educación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Consejería de Educación y Deporte, una denuncia de la que se hicieron eco los medios de comunicación. Finalmente, la Inspección de Trabajo nos ha dado la razón.

En el punto 4 de dicho Plan, aprobado en 2014, se detalla que las Delegaciones Territoriales contarían con 29 técnicos/as que se adscribirían a los Servicios de Gestión de Recursos Humanos y se encargarían de las funciones propias de la prevención en los servicios periféricos y en los centros de trabajo que están bajo su ámbito de competencia. De esos/as técnicos/as a la Delegación de Cádiz corresponderían un total de 4 en la primera fase y de 10 en una segunda.

Además, en la tercera edición de dicho Plan, con fecha de diciembre de 2019, se plantea una mejora en la situación de las Unidades de PRL, que para la Delegación de Cádiz se concretaría en contar con un/a coordinador/a y un total de 14 técnicos/as. A esto añade el texto que «es propósito de esta Consejería seguir mejorando la estructura preventiva, aumentando periódicamente el número de plazas de asesores técnicos en PRL hasta llegar a doscientos cincuenta y cuatro, cifra acorde al dimensionamiento que recomienda la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los servicios de prevención propios: “debería haber al menos 1 técnico superior por cada 500 trabajadores”.»

Pero la realidad es muy diferente de lo que recoge el Plan: la educación pública de la provincia de Cádiz cuenta con más 17.000 docentes, pero su Unidad de PRL solo tiene tres técnicos/as.

Por este motivo denunciamos en noviembre el incumplimiento de la Delegación de Educación ante Inspección de Trabajo, que finalmente nos ha dado la razón: ha remitido un requerimiento “para que la Administración dote a la mayor brevedad posible de los asesores técnicos necesarios a la Unidad de Prevención de la Delegación de Cádiz conforme a las previsiones contempladas en el Plan de Prevención”.

Es evidente que a la Consejería de Educación le importa más bien poco la salud laboral de sus trabajadoras y trabajadores. Baste recordar, como botón de muestra, que 25 años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales todavía no se ha realizado la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo a los que obliga la misma, un grave incumplimiento de la legalidad que no han subsanado ni siquiera en situación de pandemia.

En este sentido, es especialmente preocupante la situación de abandono que sufre la Prevención de Riesgos Laborales por parte de la Consejería de Educación. El caso de Cádiz no es aislado: resulta alarmante la infradotación de recursos de las distintas Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, con muchas plazas sin cubrir, saturadas de trabajo y sin la capacidad operativa para el desarrollo de todas sus funciones, lo que supone una grave negligencia por parte de la administración al ser la responsable de poner en riesgo la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras como consecuencia de esta situación. Por eso desde el sindicado se ha denunciado en cada una de las ocho provincias el incumplimiento del Plan de Prevención por parte de cada Delegación de Educación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que nos está dando la razón con cada pronunciamiento.

Documento para tablón sindical del centro