El Consejero de Presidencia, tras el Consejo de Gobierno de ayer, desmintió que las convocatorias de oposiciones docentes de 2021 fueran a suspenderse o aplazarse. La convocatoria ya ha sido publicada en BOJA en el mes de noviembre y, por tanto, sigue el itinerario previsto. Esa es ahora la situación en el conjunto de las CC.AA, que en la última Conferencia Sectorial de Educación acordaron actuar de forma coordinada al respecto. No tendría mucho sentido suspender las oposiciones en Madrid y celebrarlas en Andalucía, o viceversa, lo cual generaría un trasvase de opositores y opositoras desde unos territorios a otros.

   En la próxima Mesa Sectorial del 15 de abril la Administración, además de presentar un documento reiteradamente demandado por USTEA sobre la normativa legal aplicable, singularmente en la programación didáctica, se tratará “la situación actual de los procesos selectivos”.

 Desde USTEA consideramos respecto al próximo procedimiento de concurso-oposición, donde hay inscritas alrededor de 50.000 aspirantes, que es imprescindible extremar las medidas para garantizar la seguridad de todos y todas, por lo que solicitaremos a la Consejería de Educación:

1.      Distribución homogénea de especialidades en todas las provincias, evitando en todo lo posible desplazamientos interprovinciales.

2.   Disminución de la relación aspirantes/tribunal o, en su defecto, estudiar la posibilidad de turnos para la presentación y la prueba escrita, con objeto de evitar aglomeraciones.

3.    Protocolos COVID claros y exhaustivos: Prever todas las casuísticas que se puedan dar y velar por su cumplimiento exhaustivo: distancia, desinfección de espacios, ventilación, etc.

4.      Solicitar a Salud la vacunación de aspirantes, tribunales y personal laboral que participen en el procedimiento.

          Que USTEA no haya pedido la suspensión de las oposiciones docentes, como se han apresurado a hacer otros actores, al menos a fecha de hoy, no nos convierte en fans del actual sistema de concurso-oposición, que consideramos decimonónico y obsoleto, basado en la memorización de temarios que en muchas ocasiones tienen escasa relevancia para medir la competencia docente. Somos conscientes de las enormes dificultades que puede suponer al personal interino la conciliación de su desempeño profesional y la preparación de un proceso selectivo tan exigente, así como las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia, pero también tenemos el convencimiento de que la mejor garantía de estabilidad en el empleo, al menos por ahora, es una oferta pública generosa y acorde con las necesidades del sistema educativo andaluz.

          Pero también hay que ser claros al respecto: Todas las competencias respecto al modelo de acceso a la función pública son del Estado, como establece el art. 149 de la Constitución. Y singularmente, en  cuerpos de funcionarios de carácter estatal como son los docentes, como viene específicamente recogido en las leyes 30/1984, 23/1988, TREBEP y, especialmente, en la Ley Orgánica de Educación, que ha sido modificada en fechas recientes (LOMLOE), pero que no ha movido una coma de esto. Y en esta tarea estamos también a través de los STEs, nuestra organización a nivel estatal, demandando tanto al Ministerio de Educación (hay prevista una nueva concentración el día 25 de abril ante el ME y FP) como al de Administraciones Territoriales cambios legislativos contra el abuso de temporalidad y por otra regulación del sistema de acceso a la función pública, que sólo  puede hacer el Estado. La Junta, aunque quisiera acometerlo, no tiene competencias al respecto.

          No obstante, USTEA compareció el pasado mes de noviembre ante la Comisión del Parlamento Andaluz encargada de dictaminar la Iniciativa Legislativa Popular en busca de procedimientos para saldar la deuda de la Administración Pública Andaluza con los trabajadores en abuso de temporalidad (enlace). Próximamente el dictamen de dicha comisión parlamentaria deberá someterse a votación por el Pleno del Parlamento de Andalucía. Evidentemente, aunque su eficacia en el caso de los y las docentes, por lo anteriormente expuesto, es limitada, tendría un indudable valor político un pronunciamiento favorable contra el fraude de ley que supone el abuso de temporalidad.

En definitiva, y para no extendernos más, USTEA apuesta decididamente por un modelo absolutamente diferente de acceso a la función pública docente, donde se considere un acceso diferenciado para el personal interino. Pero en tanto esto no sea acometido desde la instancia estatal,  no considera oportuno, al menos por ahora, el aplazamiento de las oposiciones docentes de 2021. Por varios motivos:

• Por la magnitud de la oferta, la mayor de la última década: más de 6.000 plazas de los distintos cuerpos de enseñanza secundaria y posobligatoria; una parte de la cual, la llamada tasa de reposición, podría perderse si se suspendiera o se aplazara la convocatoria.
• Porque un aplazamiento o suspensión debería adoptarse por el conjunto de las CC.AA.
• Por respeto al personal interino, los y las aspirantes que llevan, en algunos casos, hasta dos años preparándolas y que no desean su suspensión. Además en Andalucía tenemos uno de los sistemas con más garantías para el profesorado interino, en caso de no querer concurrir a dicha convocatoria, ya que la ordenación de las bolsas se hace estrictamente por tiempo de servicio, no teniendo la nota de oposición relevancia alguna, al contrario de lo que sucede en otras CC.AA. Ni siquiera es obligatorio presentarse para seguir en la bolsa, una de las recientes conquistas sindicales al respecto.
• Y por último, porque una suspensión en secundaria, obligaría a su vez a un nuevo aplazamiento de las oposiciones del profesorado de primaria, lo que sumaría 4 años sin convocatorias en ese cuerpo.

Andalucía 7 de abril de 2021