La insistencia del gobierno por mantener las aulas abiertas a toda costa, unido a la falta de transparencia sobre la incidencia Covid en los centros, así como a la obsesión por aparentar que los centros educativos están “libres de covid”, están generando situaciones extremas e insoportables en numerosos centros educativos andaluces.

El Consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha asegurado que los colegios seguirán abiertos incluso en las zonas que están confinadas y con toda la actividad esencial cerrada por tener una incidencia superior a mil casos por cada cien mil habitantes, añadiendo, además, que “la incidencia en los colegios es mínima”, afirmando que el 98% de las aulas están libres de coronavirus. Estas afirmaciones, en la línea de las que nos tienen también acostumbrados los responsables políticos de la Consejería de Educación y del Gobierno Andaluz en general, chocan rotundamente con unos datos muy preocupantes y con una absoluta falta de transparencia por parte del ejecutivo andaluz.

Según los datos de la propia Junta de Andalucía, la incidencia para la población comprendida entre 0 y 19 años se ha disparado desde que comenzó el segundo trimestre, tal y como se observa en la gráfica. Además, un reciente estudio de la Universidad de Múnich ha descubierto que, en el país germano, en los colegios y guarderías se habían infectados los niños y niñas seis veces más de lo que se esperaba, concluyendo que se ha subestimado durante mucho tiempo el número de casos positivos entre el alumnado, al que se le han realizado menos pruebas diagnósticas que a la población adulta, señalando que estos positivos han podido ser el origen de muchos otros focos de contagio. De la misma manera, se apunta desde la ciencia que las diferentes cepas del virus surgidas recientemente, como es el caso de la conocida como “cepa británica”, puede tener un poder de propagación mucho mayor entre los menores. Todo ello ha provocado que en otros países, como es el caso de Francia, se hayan iniciado planes para evitar la infección de alumnos y profesores, intentando dar una respuesta a estas evidencias científicas. Mientras, en nuestra comunidad se prefiere mirar hacia otro lado, obviar toda esta información, y no tomar medidas excepcionales que permitan una presencialidad segura en los centros educativos andaluces.

Evolución de casos confirmados por PDIA según fecha de diagnóstico para la franja de 0 a 19 años. (Fuente: Consejería de Educación y Familias)

A todo esto se suma una falta de transparencia y opacidad en los datos sobre la incidencia real en nuestras aulas. Al tiempo que desde la Consejería se alardea de la baja incidencia en el ámbito escolar, proporcionando unos datos totalmente sesgados y tendenciosos, se niegan los datos reales de incidencia en los mismo términos que si se aportan para otros ámbitos, esto es, casos positivos entre alumnado y trabajadores, todo ello a pesar de que desde USTEA han sido solicitados en numerosas ocasiones tanto formal como informalmente. Por el contrario, la administración se limita a proporcionar unos datos sobre aulas y centros cerrados, una foto fija sin que, además, se informe de manera clara cuáles son los criterios utilizados para decidir el cierre de un aula o un centro o si depende del criterio del personal sanitario de referencia. Por otro lado, mientras que en las estadísticas de otras comunidades y en las del propio Ministerio, que sitúa a los centros educativos como el entorno laboral en el que se producen más brotes, junto a los centros sociosanitarios (actualización de 20 de enero), en los datos publicados por el Gobierno de Andalucía referentes a la incidencia para profesionales de riesgo no aparece información sobre los centros educativos, a pesar de que el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cataloga nuestra profesión como de riesgo, especialmente para el caso de la educación infantil.

En este contexto, en el que los máximos responsables de velar por la seguridad y salud de la población andaluza no cumplen con este cometido, nos encontramos con situaciones totalmente lamentables e inadmisibles en numerosos centros escolares, en los que, con un gran número de profesorado en confinamiento domiciliario y a pesar de que las propias directivas manifiesten la imposibilidad del cumplimiento de los protocolos con esa merma de personal, la administración insiste en mantener abiertos los centros a toda costa. De la misma manera sucede en las aulas en las que, incluso tras aparecer varios positivos, no se procede ni a realizar pruebas diagnósticas al conjunto del alumnado ni a su cierre preventivo.

Todos estos hechos no hacen más que engrosar la lista de despropósitos a los que nos está sometiendo el gobierno andaluz desde que se iniciase el curso y poner de manifiesto la insuficiencia del escuálido acuerdo firmado por la Consejería con algunas organizaciones sindicales. Desde la negativa a bajar significativamente la ratio, manteniendo aulas masificadas en situación de pandemia, hasta la falta de medidas para asegurar una condiciones ambientales de temperatura y ventilación legales en la aulas, pasando por la nula evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, incumpliendo descaradamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se suma esta falta de transparencia y desinformación, mostrando, una vez más, un desprecio absoluto hacia la Comunidad Educativa de nuestra comunidad. Todo lo expuesto parece indicar que para nuestros responsables políticos es más importante hacer creer que todo está bien en los centros docentes para así poder justificar unas medidas que, en realidad, esconden la inconfesable prioridad de criterios económicos sobre los sanitarios.

Por todo ello, desde USTEA mantenemos nuestra reivindicaciones encaminadas a garantizar una presencialidad segura en la Escuela Pública, además de exigir que se informe de manera transparente y real sobre la incidencia de la pandemia y se establezcan unos criterios claros, objetivos y basados en la protección de la salud sobre cualquier otra consideración, para el cierre de aulas y centros educativos.