Hace unos meses, la Confederación de STEs-i, de la que forma parte USTEA, mantuvo una reunión bilateral con la Directora General de la Seguridad Social, Mª Gloria Redondo Rincón, para exponerle las diferencias en el acceso a la jubilación del personal docente de la enseñanza pública y exigirle acabar con la discriminación existente entre colectivos de características similares.  En dicha reunión, escuchadas nuestras aportaciones, se nos instó a presentar ante la Dirección General de la Seguridad Social una valoración y/o informe de salud laboral y riesgos laborales del personal docente, con el compromiso de recibirnos de nuevo y profundizar en los argumentos expuestos.  

En el Estado español hay dos modalidades de jubilación del personal funcionario: por una parte, el personal incluido en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, en el que están integrado el personal funcionario de carrera ingresado en la función pública en fecha anterior al 1 de enero de 2011; por otra, el personal integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, o sea, el personal interino y el personal funcionario ingresado después de 2011. 

En el caso del personal funcionario del Régimen de Clases Pasivas, para acceder a la jubilación voluntaria, se exige tener cumplidos 60 años de edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos. Sin embargo, el personal que pertenece al Régimen General de la Seguridad Social accede a la jubilación en condiciones mucho más estrictas, pues de forma escalonada se llegará a la jubilación a los 67 años en 2027  (en la actualidad, 65 y 10 meses) y , en caso de jubilación anticipada, se requiere tener cumplida una edad que no sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida en cada caso y acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, aplicando un coeficiente reductor entre el 1,625% y el 2% por trimestre en función de los años cotizados.

Estas importantes diferencias en la jubilación anticipada entre ambos regímenes llevaron a incluir la Disposición adicional quinta en el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público(en los mismos términos de la disposición adicional sexta de la redacción inicial del EBEP -Ley 7/2007) en la que se indicaba: El gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos”. Han transcurrido trece y cinco años de ambas Disposiciones y los diferentes gobiernos no han abordado los términos incluidos en ellas. Es más, en el año 2017, el Defensor del Pueblo emitió una Recomendación al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que se dé cumplimiento a la Disposición incluida en el EBEP.

Desde STES-i, seguimos demandando que es necesario corregir estos desajustes por suponer una evidente discriminación entre colectivos y por los importantes riesgos laborales que afectan al colectivo. Por ello,además de una nueva solicitud de entrevista con la Directora de Seguridad Social para avanzar en nuestras propuestas, acabamos de enviarles un exhaustivo informe de salud laboral y riesgos laborales en el sector docente, un informe que pretende demostrar con datos que el trabajo que se desarrolla en la enseñanza tiene una especificidad y una complejidad que exigen abordar con responsabilidad el acceso a la jubilación anticipada de los colectivos que pertenecen al Régimen General de la Seguridad Social. La labor docente acarrea unos efectos adversos en la salud del profesorado, tal como está reconocido y avalado por diferentes estudios y personas expertas en la materia. El personal docente es un colectivo que padece gran diversidad de riesgos laborales: además de los psicosociales, que se deben en buena parte a las características de la profesión, hay otros como los ergonómicos o los físicos que también son especialmente importantes. El estrés, la ansiedad y la depresión ocupan los primeros puestos en la lista de enfermedades que causan baja laboral entre los docentes.

Así lo constatan los datos recogidos por diferentes informes del Consejo Escolar del Estado, que aseguran que las alteraciones psíquicas son las que provocan más bajas prolongadas entre el profesorado: «La sobrecarga nerviosa derivada de la propia labor docente, las decepciones y frustraciones de las condiciones de trabajo existentes, el estrés en determinadas épocas del curso… influyen de manera decisiva en muchas de las alteraciones psíquicas», y se indica que «éstas llegan a producir depresiones, que causan un alto índice de absentismo entre los profesionales de la enseñanza».

Desde USTEA y la Confederación de STEs-i, no cejaremos en el empeño y seguiremos luchando con todos los medios a nuestro alcance para acabar con la desigualdad y discriminación que afecta al profesorado interino y al que ingresó en la Función Pública partir de 2011. Exigiremos que se tengan en cuenta la especificidad y todos los riesgos laborales inherentes al sector educativo y que ambos colectivos accedan a la jubilación voluntaria o anticipada en las mismas condiciones que el profesorado personal funcionario que pertenece al Régimen de Clases Pasivas.

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