La colocación provisional de efectivos de primaria ha supuesto una nueva campanada, otro síntoma evidente de un grave deterioro del que USTEA ha venido hasta ahora clamando en el desierto: El progresivo desmantelamiento del servicio educativo público en beneficio de la privada sostenida con fondos públicos, ya iniciado durante el anterior gobierno de la Junta de Andalucía y continuado con tesón por la actual Administración, afectando tanto al modelo de escuela pública que defendemos, como también a la estabilidad laboral de sus profesionales.

A ello hay que sumar unas oposiciones, después de varios años con una tasa de reposición que no cubría ni siquiera las jubilaciones que se producían, con una sustanciosa oferta de plazas, aunque desconocemos aún el porcentaje de profesorado interino que las ha obtenido.

También han contribuido a congelar la colocación de efectivos unas instrucciones de primaria que priman asignaturas como religión en detrimento de las estrictamente curriculares. La política educativa no puede afrontarse a golpe de mejores o peores ocurrencias del Consejero, como las Instrucciones que han modificado la organización curricular de Primaria o el Programa de Refuerzo Estival. Por ello, USTEA ha recurrido y solicitado del TSJA la suspensión cautelar de las mismas.

Por último, el incremento habitual de las ratios máximas establecidas, manifiestamente ilegal según lo establecido en la Ley 4/2019, de 17 de marzo, que viene a derogar en parte el RD 14/2012 (conocido como el de los recortes educativos de Rajoy), concretamente en lo que respecta a la ratio máxima, que fija en 25 y que sólo se puede superar en primaria por causas extraordinarias o sobrevenidas. Por tanto aplicarla ordinariamente es manifiestamente ilegal y animamos a denunciar las ratios que sobrepasan la máxima establecida, ya sean en la pública como en la concertada.

El resultado del proceso de escolarización en los últimos años ha supuesto una constante disminución y supresión de unidades en la red pública (sobre todo en infantil y primaria), mientras que la red privada sostenida con fondos públicos ha ido consolidando y aumentando un porcentaje cada vez mayor de las mismas en las ciudades grandes y medias del territorio andaluz, no así en el ámbito rural donde la misma brilla por su ausencia: No es negocio.

En el curso 2018-19 asistimos a la supresión de 487 unidades públicas en el conjunto de Andalucía. Este curso, a falta de datos que estamos todavía recabando, el hachazo al sistema educativo público puede ser también demoledor (Leer el comunicado USTEA se opone frontalmente al cierre de unidades).

Todas estas causas han provocado un nuevo desaguisado en la resolución provisional de la colocación de efectivos en primaria. Profesionales que ocupaban vacante desde hace 8 y 10 años, no la han obtenido ahora. En suma, un nuevo atentado al servicio educativo público, que analizaremos con detalle una vez obtengamos todos los datos, pero que sólo podemos revertir de una única manera: defendiendo con uñas y dientes la escuela pública; luchando contra la privatización del servicio; exigiendo el estricto cumplimiento de la legalidad y, por tanto, la anulación de las Instrucciones de primaria; así como un estricto respeto a la normativa que fija las ratios máximas y su denuncia por la vía oportuna: pública y/o jurídica.

Además desde USTEA emplazamos a la Consejería a rectificar los errores técnicos de la adjudicación provisional de destinos del cuerpo de maestros lo antes posible: El equilibrio entre privacidad y transparencia no puede depender de supuestos problemas técnicos, pues solucionados ya algunos, todavía resta información fundamental como el tiempo de servicio de las distintas adjudicaciones provisionales, dato fundamental para proceder a una alegación. USTEA espera que en la adjudicación definitiva se garanticen las suficientes plazas tanto para que los opositores recientemente seleccionados puedan realizar la fase de prácticas en su especialidad de origen, así como para que el mayor numero de profesorado interino pueda obtener una vacante.

Andalucía, 25 de julio de 2019