La Consejería de Educación sabía, hace más de un curso, lo que estaba ocurriendo en la Delegación de Sevilla. Y ha esperado a que fuera público y notorio para actuar. Dos comparecencias parlamentarias y una comisión de investigación más tarde, ha señalado, a tenor de los ceses y dimisiones forzadas ocurridas en el último mes, a las mismas personas responsables que ya indicaba USTEA hace tres meses.

Porque cualquiera que conozca mínimamente la estructura jerárquica y la incidencia de los intereses del “Partido” en el ámbito provincial, sabe que esas personas eran las responsables.

Entre tanto, se nombró una nueva delegada provincial, a la que se le dieron instrucciones precisas sobre cómo actuar. María Francisca Aparicio Cervantes, “Curry” para los amigos, dejó pasar cinco meses sin hacer nada, debatiéndose probablemente entre el deber y los compromisos partidarios, asumidos con su nombramiento, conocedora sin duda de la vieja ley del “hoy, por ti; mañana, por mí”. La observancia de esta ley, en el lenguaje corrompido de los corruptos, se denomina prudencia y cautela.

“Curry” ha necesitado cinco meses para digerir la patata caliente de su predecesor en el cargo, Francisco Díaz Morillo. Entre pillos ha andado el juego. Ahora, la administración educativa, acogiéndose al carácter reservado de la investigación, se niega a hacer pública la investigación, confundiendo intencionadamente “reservado” con “secreto”. Al menos a fecha de hoy, nada se ha contestado a USTEA, a pesar de nuestra reiteración en la petición de explicaciones.

Antes que dar explicaciones a la comunidad educativa, la administración ha adoptado un procedimiento de actuación vago e impreciso. Se han separado en el tiempo los ceses del secretario de la Delegación y de las personas responsables de Recursos Humanos y Ordenación Educativa, tratando de ocultar la relación entre dichos ceses. Y se ha obligado a dimitir al Inspector Jefe, beneficiario directo de las prácticas corruptas. Nada se ha dicho aún al parlamento ni a las organizaciones sindicales, a pesar de que USTEA en concreto ha pedido explicaciones por escrito y de manera verbal en varias ocasiones.

Además, nos tememos que se pretenda dar por zanjado el asunto con el “castigo” a los peones, alumnado aventajado en el máster de amiguismo y prepotencia, mientras se deja impune al anterior delegado, Francisco Díaz Morillo, bajo cuyo mandato se cometieron las corruptelas, y se le premia nombrándolo Gerente provincial de la Agencia IDEA, sin duda por sus muchos méritos.

De este modo, se proporciona a los medios de comunicación una cierta ración de sangre y se finge una actuación ejemplarizante mientras quedan impunes los responsables políticos, Francisco y Curry al alimón, e intacta la red clientelar del partido único, que propicia y fomenta la corrupción.

De nuevo la responsabilidad última corresponde a la señora consejera, que, nos tememos también, se limitará, si es que lo hace, a comparecer en el parlamento, armada de un incensario – para loar su actuación y la de los suyos- y un folio, que leerá con aplicación y sin rubor, para no salirse del guión.

USTEA exige que asuman las responsabilidades a que haya lugar, tanto el ex delegado provincial de Educación, Francisco Díaz Morillo, como la delegada actual, Francisca Aparicio Cervantes, uno por su connivencia con la trama corrupta, otra por su calculada inacción. En cuanto a la señora Consejera, que cumpla con su obligación, por una vez, y depure el resto de responsabilidades, provinciales y andaluzas, o que dimita.

El profesorado y la comunidad educativa andaluza no deben seguir soportando por más tiempo la desidia y la corrupción de una administración educativa que no se merece.