La justicia le había dejado dos puertas abiertas a la Consejería de Educación: la readmisión o la indemnización por despido improcedente. Y el departamento de Luciano Alonso ha optado por la primera de las alternativas, es decir, volver a contratar a los monitores administrativos que prestaban sus servicios hasta el curso pasado en algunos colegios públicos de Andalucía a través de subcontratas privadas. Pero fuentes de la consejería sostienen que este proceso será “individual”, lo que implica que solo se readmitirá ya a aquellos que cuenten con sentencias favorables. De momento, 16 trabajadores de Córdoba han conseguido que en primera instancia se considere que su salida en noviembre de 2013 fue un despido improcedente. Educación se había comprometido a no recurrir estos fallos, en los que se consideraba que la contratación de estos empleados a través de subcontratas era una cesión ilegal de mano de obra. En los fallos se indicaba que la consejería, si optaba por la readmisión, debía considerarlos empleados indefinidos discontinuos a tiempo parcial de la Administración. La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, resolvió también el año pasado que la situación de estos empleados era irregular y que se trataba de una cesión ilegal de trabajadores a la consejería.    Accede al artículo completo