USTEA denuncia que el Gobierno andaluz incrementa en 82,32 millones de euros, un 7,48 %, los fondos destinados a la enseñanza privada concertada, mientras continúa suprimiendo aulas públicas y mantiene sin resolver las necesidades de profesorado, atención a la diversidad e infraestructuras de los centros educativos públicos.

El proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 vuelve a poner de manifiesto las prioridades educativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Mientras la escuela pública andaluza continúa sufriendo la supresión de unidades, la insuficiencia de plantillas y la falta de recursos, la financiación destinada a la enseñanza privada concertada alcanza los 1.183,35 millones de euros, 82,32 millones más que en 2026.

Desde USTEA denunciamos que este incremento presupuestario, que representa una subida del 7,48 % respecto a los 1.101,03 millones de euros del ejercicio anterior, evidencia la continuidad de una política educativa que favorece la financiación de centros de titularidad privada mientras debilita progresivamente la red pública.

Para nuestro sindicato, el problema no es únicamente cuánto dinero se destina a la concertada, sino las decisiones políticas que acompañan a esta financiación: supresiones de aulas públicas, mantenimiento de unidades concertadas pese al descenso de matrícula, ratios elevadas y falta de personal para garantizar una educación verdaderamente inclusiva.

Más de 1.183 millones de euros de dinero público para la enseñanza privada concertada

El análisis de las partidas del proyecto presupuestario para 2027 permite identificar 1.170,76 millones de euros destinados a financiar unidades concertadas y conveniadas, distribuidos entre las distintas etapas educativas.

A estas cantidades se añaden 11,996 millones de euros para libros de texto en la enseñanza concertada y 596.229 euros para cotizaciones a la Seguridad Social de las prácticas de Formación Profesional concertada.

En conjunto, las partidas identificadas ascienden a 1.183.352.889 euros.

Desde USTEA consideramos especialmente preocupante que la Junta continúe consolidando esta financiación mientras numerosos centros públicos afrontan dificultades para atender adecuadamente a su alumnado por falta de recursos humanos y materiales.

La concertada recibe 82 millones más mientras la pública pierde aulas

La evolución de la financiación resulta especialmente significativa:

• 2026: 1.101,03 millones de euros.
• 2027: 1.183,35 millones de euros.
• Incremento: 82,32 millones de euros, un 7,48 %.

Este aumento contrasta con el proceso de reducción de unidades que viene sufriendo la enseñanza pública andaluza.

Según los datos recopilados por USTEA, desde 2019 se han suprimido 2.753 aulas públicas en Andalucía. Solo en el curso 2025-2026, la reducción neta fue de 360 unidades de Educación Infantil y Primaria.

Mientras tanto, la enseñanza privada concertada mantiene prácticamente intacta su oferta, con únicamente 23 unidades suprimidas en Primaria y una en Educación Secundaria Obligatoria.

Desde USTEA denunciamos que la bajada de la natalidad se está utilizando para justificar el cierre de aulas públicas, pero no para reducir de manera equivalente la oferta concertada.

Esta diferencia de trato revela una decisión política que perjudica a la red pública y compromete su capacidad para seguir siendo el eje vertebrador del sistema educativo andaluz.

La disminución del alumnado debería aprovecharse para reducir las ratios, mejorar la atención individualizada, reforzar las plantillas y garantizar una educación inclusiva. Sin embargo, la Consejería continúa eliminando unidades públicas en lugar de aprovechar esta oportunidad para mejorar la calidad educativa.

Menos alumnado debería significar menos estudiantes por aula, no menos aulas públicas.

Más de 127 millones para Educación Especial concertada mientras faltan PT, AL, PTIS y orientación en los centros públicos

Uno de los datos más significativos del presupuesto es la financiación de la Educación Especial concertada, que alcanza los 127,48 millones de euros.

Desde USTEA denunciamos el contraste entre estas cantidades y las carencias que siguen padeciendo los centros públicos en materia de atención a la diversidad.

En numerosos colegios e institutos andaluces, el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) debe atender a un número excesivo de estudiantes, repartir su jornada entre varios centros o reducir el tiempo de intervención individualizada debido a la insuficiencia de personal.

A ello se suman la falta de profesionales de Orientación Educativa y las carencias de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), fundamentales para garantizar una atención adecuada al alumnado que necesita apoyos específicos.

No podemos aceptar que la inclusión educativa se convierta en una declaración de intenciones sin los recursos necesarios para hacerla realidad.

Desde USTEA exigimos una dotación mínima de especialistas de PT y AL en todos los centros públicos, el refuerzo de los equipos de orientación, una ratio máxima de un orientador u orientadora por cada 250 estudiantes y una dotación suficiente y estable de PTIS.

La educación inclusiva no puede depender del esfuerzo extraordinario de unas plantillas insuficientes. Es una obligación de la Administración garantizar los recursos necesarios.

Formación Profesional: financiación de la concertada mientras miles de estudiantes buscan una plaza pública

La financiación de los conciertos educativos en Formación Profesional alcanza los 142,73 millones de euros, sumando los ciclos formativos y la Formación Profesional Básica.

Esta cantidad resulta especialmente relevante en un contexto en el que miles de jóvenes andaluces encuentran dificultades para acceder a la Formación Profesional pública que desean cursar.

Desde USTEA venimos denunciando la insuficiencia de plazas públicas, las listas de espera y el crecimiento de la oferta privada de pago, que obliga a numerosas familias a asumir importantes costes para que sus hijos e hijas puedan continuar estudiando.

La Formación Profesional debe ser una herramienta de igualdad de oportunidades y desarrollo social, no un mercado educativo en expansión.

Exigimos una ampliación decidida de la red pública de Formación Profesional, con nuevas plazas, instalaciones adecuadas, profesorado suficiente, desdobles en los módulos que lo requieren y recursos materiales que garanticen una formación de calidad y en condiciones de seguridad.

Una escuela pública con menos aulas, ratios elevadas y plantillas insuficientes

Mientras la Junta mantiene una financiación millonaria de la enseñanza privada concertada, la escuela pública continúa afrontando problemas estructurales que afectan directamente a la calidad de la educación.

Las ratios siguen siendo elevadas en numerosas etapas y centros, el profesorado soporta una creciente carga burocrática, las sustituciones no siempre llegan con la rapidez necesaria y la atención a la diversidad continúa condicionada por la falta de profesionales.

A estas dificultades se suman las deficiencias de infraestructuras, los problemas de climatización y la necesidad de consolidar las plantillas docentes para garantizar la estabilidad de los proyectos educativos.

Desde USTEA reclamamos una política presupuestaria que sitúe a la escuela pública en el centro de las prioridades de la Junta de Andalucía.

Exigimos la reducción de las ratios a 18 estudiantes en Infantil y Primaria, 23 en ESO y 27 en Bachillerato, así como el incremento de las plantillas docentes, la consolidación de los refuerzos educativos, la mejora de las condiciones laborales y la dotación de recursos suficientes para atender a todo el alumnado.

No faltan necesidades en la escuela pública. Lo que falta es voluntad política para convertirlas en una prioridad presupuestaria.

El dinero público debe servir para fortalecer los servicios públicos

Desde USTEA defendemos exclusivamente la enseñanza pública porque es la principal garantía de que cualquier niño, niña o joven pueda acceder a una educación de calidad, independientemente de sus circunstancias económicas, sociales o familiares.

La escuela pública es un espacio de convivencia, igualdad, inclusión y formación democrática. Es patrimonio de toda la sociedad andaluza y constituye uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar.

Por eso rechazamos las políticas que favorecen la expansión y el mantenimiento de la enseñanza privada concertada mientras se reduce la oferta pública.

La Administración tiene la responsabilidad de garantizar una red pública suficiente, accesible y de calidad en todos los barrios y municipios de Andalucía.

Cada aula pública que se cierra supone una pérdida de oportunidades para el alumnado y un debilitamiento de los servicios públicos.

Frente a este modelo, desde USTEA exigimos que los presupuestos educativos se orienten prioritariamente a fortalecer la enseñanza pública, reducir las desigualdades y garantizar los derechos educativos de toda la población.

El 11 de noviembre, huelga educativa: ¡La Pública en Juego!

El incremento de la financiación de la concertada es un motivo más para secundar la huelga educativa del próximo 11 de noviembre.

Desde USTEA llamamos al conjunto del profesorado andaluz a movilizarse contra unas políticas educativas que están debilitando la enseñanza pública y deteriorando las condiciones de trabajo en los centros.

El 11 de noviembre saldremos a defender la reducción de las ratios, el incremento y la estabilidad de las plantillas, los recursos para la atención a la diversidad, la mejora de las infraestructuras, la recuperación del poder adquisitivo y el fin de las supresiones de aulas públicas.

Pero también saldremos a defender algo fundamental: el derecho de las generaciones presentes y futuras a una educación pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad.

Porque la educación pública no es un gasto que haya que recortar, sino una inversión imprescindible para construir una sociedad más justa e igualitaria.

¡EL DINERO PÚBLICO, PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA!

¡11 DE NOVIEMBRE, HUELGA EDUCATIVA!

¡LA PÚBLICA EN JUEGO!