USTEA reafirma su lucha por una Formación Profesional 100 % pública, inclusiva y de calidad, y exige a la Junta de Andalucía más plazas, inversión, profesorado y recursos para la atención a la diversidad, frente al avance de la privatización y el deterioro de la enseñanza pública.
Desde USTEA denunciamos el progresivo deterioro de la Formación Profesional pública andaluza, consecuencia de una planificación insuficiente, la falta de inversión y unas políticas educativas que favorecen la expansión de la oferta privada y concertada mientras los centros públicos continúan afrontando importantes carencias.
La Formación Profesional constituye una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación, mejorar las oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico y social de Andalucía. Sin embargo, la insuficiencia de plazas públicas y la ausencia de recursos para atender a la diversidad están comprometiendo el acceso en igualdad de condiciones a estas enseñanzas.
Desde nuestra organización sindical consideramos imprescindible un cambio de rumbo en las políticas de Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que sitúe la educación pública, la equidad y la calidad educativa por encima de los intereses económicos y de las políticas de privatización.
Una oferta pública insuficiente que favorece el negocio de la FP privada
Uno de los principales problemas de la Formación Profesional andaluza es el déficit estructural de plazas públicas. Cada curso, miles de estudiantes encuentran dificultades para acceder a los ciclos formativos que desean cursar, especialmente en familias profesionales con una elevada demanda, como Informática y Comunicaciones, Sanidad o Electricidad y Electrónica.
Esta situación obliga a parte del alumnado a matricularse en centros privados o concertados, asumir importantes costes económicos o renunciar a sus expectativas formativas.
No podemos aceptar que el acceso a la Formación Profesional dependa de la capacidad económica de las familias. La falta de plazas públicas no puede convertirse en una oportunidad de negocio para empresas privadas.
Desde USTEA exigimos un plan de choque presupuestario que permita ampliar significativamente la red de centros y ciclos formativos de titularidad y gestión 100 % públicas, priorizando las especialidades con mayor demanda y garantizando una distribución territorial equilibrada.
Rechazamos que se destinen fondos públicos a la creación de nuevas unidades concertadas de FP o que se ceda suelo público para la implantación de centros privados. Los recursos públicos deben servir para fortalecer y ampliar la red pública.
Esta insuficiencia también afecta a los cursos de especialización, conocidos como grados E, cuya oferta pública continúa siendo limitada. Es necesario ampliar estas enseñanzas, impulsar el reconocimiento de las titulaciones de Especialista y Máster de Formación Profesional entre el tejido empresarial y garantizar la actualización técnica del profesorado mediante formación permanente y estancias en entornos profesionales.
Asimismo, reclamamos una mayor oferta pública de formación modular, en horario de tarde y en modalidades virtuales o semipresenciales, que permita compatibilizar los estudios con las responsabilidades laborales, familiares y personales.
La atención a la diversidad, una asignatura pendiente de la Formación Profesional andaluza
Especialmente preocupante resulta la falta de recursos humanos y materiales para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en los centros que imparten Formación Profesional.
La normativa vigente reconoce la necesidad de adaptar las enseñanzas a las características y necesidades individuales del alumnado. Sin embargo, este principio no se está acompañando de los recursos necesarios para garantizar una inclusión educativa real.
En numerosos centros, los departamentos de orientación cuentan con un único profesional que debe atender las necesidades de toda la comunidad educativa, una situación claramente insuficiente para responder a la complejidad de las enseñanzas de Formación Profesional.
A ello se suma la ausencia de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT), especialistas en Audición y Lenguaje (AL) y personal técnico de integración social (PTIS), incluso en grupos con una elevada presencia de alumnado que necesita apoyos específicos.
Desde USTEA denunciamos situaciones en las que grupos de Grado Básico cuentan con 20 estudiantes, más de la mitad de ellos con necesidades educativas específicas, sin que la Administración haya asignado ningún profesional especializado de apoyo.
Esta realidad supone una sobrecarga para el profesorado, que debe responder a necesidades educativas muy diversas sin disponer de los medios, la formación específica o los apoyos necesarios. Pero, sobre todo, perjudica al alumnado más vulnerable, que ve limitado su derecho a recibir una educación adaptada a sus necesidades.
La inclusión no puede reducirse a una declaración de intenciones. Escolarizar al alumnado con necesidades educativas específicas sin proporcionar los recursos adecuados no garantiza una educación inclusiva.
El desmantelamiento de la FP Básica Específica agrava la exclusión educativa
Desde USTEA mostramos también nuestra preocupación por la eliminación progresiva de unidades de Formación Profesional de Grado Básico en modalidad Específica, destinadas a ofrecer una respuesta adaptada al alumnado con determinadas necesidades formativas o discapacidad.
La derivación de este alumnado hacia grupos ordinarios sin la correspondiente dotación de profesionales especializados, recursos didácticos adaptados y reducción de ratios supone un grave retroceso en la atención educativa.
No se puede hablar de inclusión mientras se eliminan recursos específicos y se traslada al alumnado a aulas ordinarias sin garantizar los apoyos que necesita.
Consideramos igualmente insuficientes iniciativas de carácter piloto como el programa Avanza+21, cuya implantación limitada a un centro por provincia no permite responder a las necesidades existentes en el conjunto de Andalucía.
Por ello, exigimos recuperar y ampliar la oferta pública de Grado Básico en modalidad Específica, garantizar la presencia de profesionales especializados en los centros de FP y establecer reducciones de ratio en los grupos que escolaricen alumnado con necesidades educativas específicas.
La atención a la diversidad debe constituir una prioridad presupuestaria y organizativa, no una responsabilidad que recaiga exclusivamente sobre la voluntad y el esfuerzo del profesorado.
Centros sin equipamientos suficientes y ciclos formativos implantados sin inversión
La falta de inversión también se manifiesta en las infraestructuras y los equipamientos técnicos de los centros públicos de Formación Profesional.
Las dotaciones económicas ordinarias están destinadas principalmente a gastos de funcionamiento, adquisición de consumibles, suministros y pequeñas reparaciones. Sin embargo, muchos ciclos formativos necesitan maquinaria, herramientas, equipos tecnológicos y materiales especializados cuyo coste supera ampliamente las posibilidades de estos presupuestos.
Denunciamos que la implantación de nuevos ciclos formativos bajo criterios de coste cero en inversión obliga a los centros y al profesorado a afrontar las necesidades de equipamiento con recursos insuficientes.
Esta política limita la calidad de la formación, dificulta la actualización tecnológica y frena la implantación de nuevas especialidades relacionadas con sectores profesionales emergentes.
A ello se suman las deficiencias de climatización que presentan numerosos centros, especialmente graves en talleres y espacios prácticos donde las condiciones ambientales pueden afectar tanto a la salud como a la seguridad del alumnado y del profesorado.
La Formación Profesional pública no puede ofrecer una enseñanza de calidad si no dispone de instalaciones adecuadas, equipamiento actualizado y financiación suficiente.
La FP Dual aumenta la carga de trabajo del profesorado sin los recursos necesarios
La implantación del modelo de Formación Profesional Dual ha incrementado considerablemente las tareas organizativas, administrativas y de coordinación que deben asumir los equipos docentes.
La búsqueda de empresas colaboradoras, el diseño de itinerarios formativos individualizados, la coordinación con las personas responsables de las empresas y el seguimiento del alumnado requieren tiempo y recursos específicos.
Sin embargo, para el curso 2026-2027, la Administración educativa andaluza ha establecido una fórmula de cálculo de las horas de coordinación de la formación en empresa que, según denunciamos desde USTEA, supone una reducción de la asignación horaria destinada a estas funciones.
Esta disminución de recursos incrementa la sobrecarga laboral del profesorado y obliga a asumir tareas esenciales de coordinación a costa de su tiempo personal.
Reclamamos una dotación horaria suficiente, mayor autonomía organizativa y pedagógica para los centros y una planificación que tenga en cuenta las características de cada familia profesional y del tejido productivo de su entorno.
Puede consultarse la circular informativa de la Consejería sobre el cálculo de las horas de coordinación de la formación en empresa para el curso 2026-2027.
Reducción de ratios y desdobles para garantizar una formación segura y de calidad
El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, contempla una reducción progresiva de las ratios máximas en las enseñanzas presenciales de Formación Profesional, con el horizonte de implantación completa en el curso 2028-2029.
Su disposición adicional séptima establece límites de 25 estudiantes por docente en los grados Medio y Superior y en los cursos de especialización, y de 20 en Grado Básico, prestando especial atención a los ciclos que requieren aulas-taller, laboratorios y espacios singulares.
Sin embargo, desde USTEA denunciamos que, en lugar de avanzar hacia una disminución efectiva de las ratios, se están produciendo unificaciones de unidades y grupos, mientras que la autorización de desdobles resulta insuficiente y desigual.
Esta situación repercute directamente en la seguridad de los talleres, la atención individualizada y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Exigimos el cumplimiento efectivo de la reducción progresiva de ratios y la garantía de desdobles en los módulos de carácter práctico, especialmente cuando se trabaja con maquinaria, herramientas o instalaciones que requieren una supervisión específica.
Asimismo, reclamamos que las ratios tengan en cuenta las necesidades educativas del alumnado y que se establezcan reducciones adicionales cuando existan estudiantes que precisen apoyos específicos.
La inestabilidad laboral también perjudica a la calidad de la FP pública
La elevada presencia de profesorado interino y las características particulares de determinadas familias profesionales, que cuentan con pocos centros donde se imparten sus especialidades, generan importantes dificultades de estabilidad, movilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Desde USTEA defendemos la estabilidad de las plantillas, unas condiciones laborales dignas y una planificación de los recursos humanos que permita consolidar los equipos docentes y garantizar la continuidad de los proyectos educativos.
USTEA exige un cambio de rumbo en la Formación Profesional andaluza
Ante esta situación, desde USTEA reclamamos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional medidas urgentes para garantizar una Formación Profesional verdaderamente pública, inclusiva y de calidad.
Nuestras principales reivindicaciones son:
- Ampliación urgente de las plazas públicas de FP, mediante un plan de choque que responda a la demanda real y evite que miles de estudiantes se vean obligados a recurrir a la enseñanza privada.
- Fin de la expansión de la concertación y la privatización, destinando los recursos públicos a crear y fortalecer centros, ciclos y unidades de titularidad y gestión públicas.
- Recuperación y ampliación de los Grados Básicos en modalidad Específica, garantizando una oferta suficiente y territorialmente equilibrada.
- Dotación de profesionales especializados en atención a la diversidad, incluyendo PT, AL, PTIS y refuerzo de los departamentos de orientación.
- Reducción de ratios en los grupos con alumnado NEAE, con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una inclusión real.
- Inversión extraordinaria en infraestructuras y equipamientos técnicos, asegurando que los nuevos ciclos se implanten con todos los medios necesarios.
- Cumplimiento de la reducción progresiva de ratios y garantía de desdobles, especialmente en talleres, laboratorios y módulos prácticos.
- Incremento de las horas de coordinación de la FP Dual, evitando que las nuevas responsabilidades recaigan sobre el tiempo personal del profesorado.
- Estabilidad de las plantillas y mejora de las condiciones laborales, con medidas que faciliten la movilidad, la formación permanente y la conciliación.
- Ampliación de los cursos de especialización y de las modalidades de formación pública, incluyendo oferta modular, vespertina, virtual y semipresencial.
Sin plazas públicas y sin recursos para la diversidad no hay igualdad de oportunidades
Desde USTEA insistimos en que la Formación Profesional no puede convertirse en un mercado educativo en el que quienes disponen de recursos económicos encuentran oportunidades mientras el resto debe conformarse con una oferta pública insuficiente.
Tampoco podemos aceptar que la atención a la diversidad continúe siendo una de las grandes olvidadas de estas enseñanzas. La inclusión educativa exige inversión, profesionales especializados, reducción de ratios y recursos adaptados. Sin estos elementos, el derecho a una educación de calidad queda comprometido.
La Junta de Andalucía debe asumir su responsabilidad y garantizar una red pública de Formación Profesional capaz de responder a las necesidades educativas, sociales y laborales de nuestra comunidad.
Desde USTEA seguiremos denunciando las políticas que debilitan la enseñanza pública y defendiendo una Formación Profesional accesible, inclusiva, con recursos suficientes y condiciones laborales dignas para su profesorado.
¡MÁS PLAZAS PÚBLICAS, MÁS RECURSOS PARA LA DIVERSIDAD Y MENOS PRIVATIZACIÓN!
¡POR UNA FORMACIÓN PROFESIONAL 100 % PÚBLICA, INCLUSIVA Y DE CALIDAD!
USTEA
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