Desde USTEA Enseñanza vemos inaceptable la vulneración del sistema informático de la Junta de Andalucía, que compromete información confidencial del profesorado y del alumnado, y exige el cese inmediato del desmantelamiento de los recursos públicos en materia de ciberseguridad y digitalización.

Desde USTEA Enseñanza expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación ante el ciberataque sufrido por los sistemas informáticos de la Administración autonómica, un fallo de seguridad sin precedentes que ha dejado expuestos datos de carácter personal y sensible de miles de docentes, alumnado y familias de la Educación Pública andaluza. Consideramos inadmisible que la Consejería de Educación haya sido incapaz de garantizar la custodia y la confidencialidad de la información de la comunidad educativa, demostrando una negligencia patente en la implantación de medidas de protección eficaces y un desprecio absoluto hacia los derechos de privacidad de toda la comunidad educativa.

Esta grave vulneración no es un hecho aislado ni fortuito, sino la consecuencia directa de las políticas de recortes, externalización y precarización que el Gobierno andaluz lleva años aplicando en el ámbito tecnológico y de la administración digital.   Ya vimos un preocupante precedente con el episodio de las pizarras digitales en las que sonó la música de Bad Bunny en multitud de aulas; una vulnerabilidad masiva que la Consejería se apresuró a quitarse de encima tildándola de simple «error humano», descartando apresuradamente cualquier fallo de seguridad. Hoy la realidad vuelve a desmontar sus excusas. Resulta del todo alarmante que, mientras se impone de forma masiva e impositiva la burocracia digital en los centros educativos y se obliga al profesorado a volcar diariamente datos protegidos en plataformas institucionales, la Junta escatime en los recursos necesarios para blindar dichos servidores.

Asimismo, denunciamos la falta de transparencia y la lentitud con la que la Consejería ha gestionado esta crisis, dejando en la más absoluta desinformación a las plantillas docentes y a las familias afectadas. La opacidad institucional no solo genera incertidumbre y alarma social, sino que traslada injustamente al personal docente la inquietud de no saber hasta qué punto sus datos bancarios, administrativos o personales han sido filtrados o expuestos a posibles fraudes, sin que desde la Administración se hayan ofrecido explicaciones claras, protocolos de actuación ni garantías de asesoramiento jurídico o protección para las personas afectadas.

Exigimos a la Consejería la asunción inmediata de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación exhaustiva y transparente que depure los fallos del sistema. Desde USTEA Enseñanza requerimos la puesta en marcha urgente de una auditoría de seguridad independiente, el refuerzo con personal público cualificado de las infraestructuras tecnológicas de la educación andaluza y la habilitación de un canal directo de atención a las personas afectadas.