La adjudicación de plazas de Formación Profesional vuelve a poner de manifiesto una realidad que se repite curso tras curso: la Junta de Andalucía es incapaz de garantizar el derecho a estudiar una Formación Profesional pública. Miles de estudiantes andaluces vuelven a quedarse sin plaza en los ciclos que han solicitado, atrapados en listas de espera interminables o directamente expulsados del sistema público por la falta de planificación y de inversión.

Desde USTEA denunciamos que esta situación no es fruto de la casualidad ni de un incremento inesperado de la demanda, sino de una decisión política. Mientras la FP pública continúa funcionando con una oferta claramente insuficiente, plantillas escasas y recursos limitados, el Gobierno andaluz sigue favoreciendo el crecimiento de la enseñanza privada con dinero público y permitiendo que fondos de inversión conviertan la educación en un negocio.

La Consejería lleva años anunciando una supuesta apuesta por la Formación Profesional, pero la realidad es bien distinta. Faltan plazas, falta profesorado, faltan infraestructuras y falta una ampliación real de la oferta académica que responda a las necesidades de la sociedad andaluza. Miles de personas quieren estudiar una FP pública y no pueden hacerlo porque la Junta ha decidido no invertir lo suficiente para garantizar ese derecho.

Lejos de responder a esta demanda ampliando la red pública, la Junta opta por mirar hacia otro lado. En lugar de crear nuevos grupos, abrir nuevos ciclos o reforzar las plantillas docentes, deja que sean las empresas privadas quienes ocupen ese espacio. Por un lado, permite que grandes grupos empresariales y fondos de inversión multipliquen su oferta de Formación Profesional con matrículas que alcanzan los 4.000 euros, expulsando de facto a miles de jóvenes que no pueden asumir ese coste. Por otro, continúa concertando plazas de Formación Profesional con centros privados concertados, desviando recursos públicos hacia la enseñanza privada en lugar de destinarlos a ampliar la capacidad de la red pública. Una vez más, el dinero público acaba financiando negocios privados mientras miles de estudiantes permanecen en listas de espera sin una solución.

Esta política está consolidando un modelo profundamente desigual en el que quien puede pagar estudia y quien no puede hacerlo ve frustrado su proyecto de vida. La Junta renuncia a garantizar un derecho fundamental y favorece un sistema en el que el acceso a la Formación Profesional depende cada vez más del nivel económico de las familias.

Desde USTEA llevamos años alertando de este proceso de privatización. Mientras la demanda de plazas públicas no deja de crecer, la respuesta del Gobierno andaluz continúa siendo insuficiente: no se crean los grupos necesarios, no se incrementan las plantillas docentes al ritmo que requiere el sistema, no se construyen los espacios y talleres necesarios y no se planifica una oferta pública capaz de absorber la demanda existente. El resultado es un embudo que deja cada año a miles de personas fuera de la Formación Profesional pública.

USTEA exige

• La creación inmediata de todas las plazas públicas necesarias para atender la demanda existente.
• La ampliación de la oferta de ciclos formativos en función de las necesidades reales de cada territorio.
• La contratación del profesorado necesario para garantizar una Formación Profesional pública de calidad.
• La construcción y ampliación de infraestructuras y talleres que permitan aumentar la oferta pública.
• El fin de las políticas de concertación y privatización que desvían recursos públicos hacia empresas privadas mientras se infrafinancia la red pública.
• Una planificación educativa basada en el interés general y no en los beneficios de empresas privadas y fondos de inversión.

La Formación Profesional debe ser un derecho garantizado por las administraciones públicas, no un privilegio reservado a quien pueda asumir matrículas de miles de euros. Andalucía necesita una apuesta decidida por una FP pública, gratuita, de calidad y con capacidad suficiente para responder a la demanda de la ciudadanía.

Ante esta situación, USTEA no va a permanecer impasible. Por ello, ya estamos en contacto con otras organizaciones sindicales, organizaciones políticas, profesorado, estudiantes, familias y colectivos sociales para construir una respuesta unitaria frente al progresivo desmantelamiento de la Formación Profesional pública. El próximo curso debe convertirse en un año de movilización sostenida para exigir que ningún estudiante vuelva a quedarse sin plaza por falta de inversión pública y para frenar la mercantilización de la educación. Porque la Formación Profesional es un derecho, no un negocio. La FP pública se defiende en las aulas, pero también en las calles.