Ante el panorama político que se presenta tras los resultados de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, USTEA exige al PP y al presidente en funciones, Juan Manuel Moreno Bonilla, que mantenga la educación al margen de las negociaciones con la ultraderecha y un cambio de política educativa que blinde y dignifique la Educación Pública de Andalucía.

La Educación Pública andaluza ha sufrido un importante deterioro en los últimos años. Tal y como hemos venido denunciando, bajo el gobierno del PP, se han cerrado 2.758 aulas de Infantil, Primaria y Secundaria; solo el 25% de los centros de Educación Infantil de 0 a 3 años son de titularidad pública; los recurso al alumnado con NEE y NEAE siguen siendo enormemente deficientes; la aplicación de la Ley de Bioclimatización solo ha llegado al 9´4% de los centros educativos públicos; la FP privada ha aumentado en un 991% y para el próximo curso desaparecerán los ciclos de FP Básica de Educación Especial; la ley 4/2017 de los Derechos de las Personas con Discapacidad se está incumpliendo en las bolsas de personal docente desde la llegada del gobierno del PP; se han creado cinco universidades privadas, mientras se somete a la universidad pública a una asfixia económica estructural.

Es imprescindible un cambio de rumbo para la dignificación de la Educación Pública. Y para ello, en primer lugar, exigimos que la educación quede fuera de cualquier negociación con la ultraderecha y que, bajo ningún concepto, la responsabilidad de educación en el gobierno andaluz recaiga en el partido ultra. Lo último que necesitamos es seguir la senda de territorios como Murcia, Aragón, Extremadura o Castilla y León con demagogias como el “veto parental”, medidas racistas y xenófobas contra nuestro alumnado de origen migrante, persecución ideológica al profesorado o cualquier “prioridad” que no sea la de apoyar a la comunidad educativa andaluza en su conjunto.

Reclamamos al gobierno andaluz una política educativa que apueste realmente por una Educación Pública de calidad e inclusiva:

• Aumentar las plantillas docentes y del resto de cuerpos de la Educación Pública
• Bajar las ratios en todos los niveles educativos
• Terminar con el recorte de aulas en la Educación Pública
• Mejorar la atención a la diversidad, con la dotación suficiente de PTIS, profesionales de Orientación Educativa, Pedagogía Terapeútica y Audición y Lenguaje
• Creación de plazas públicas de FP
• Dignificación del trabajo interino y estabilización
• Reducir el horario lectivo del profesorado de todas las enseñanzas
• Mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, atendiendo a las necesidades de desburocratización y atención a sus necesidades de adaptación del puesto de trabajo para los y las docentes con discapacidad

Estas medidas deben afrontarse con urgencia y si el gobierno de la Junta de Andalucía no atiende estas necesidades, la única alternativa será la movilización docente, junto a estudiantes y familias, en la línea abierta por la comunidad educativa de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Aragón o Asturias.