Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, desde USTEA reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública antirracista, inclusiva y transformadora, que actúe como herramienta clave para combatir las desigualdades estructurales y las distintas formas de discriminación que atraviesan nuestra sociedad.

El racismo no es un fenómeno aislado ni individual, sino una realidad estructural que también se manifiesta en el ámbito educativo. En los centros escolares se reproducen, en muchas ocasiones, prejuicios, estereotipos y desigualdades que afectan especialmente al alumnado migrante, al alumnado racializado y a quienes proceden de contextos socioeconómicos vulnerables.

Desde USTEA denunciamos que las políticas educativas actuales no están respondiendo adecuadamente a esta realidad. La falta de recursos, la insuficiencia de plantillas, el aumento de ratios y la ausencia de formación específica del profesorado dificultan una atención educativa que garantice la equidad y la inclusión real.

Asimismo, alertamos de que la segregación escolar, derivada en gran medida de las políticas de conciertos educativos y de la falta de una planificación adecuada de la red pública, contribuye a concentrar al alumnado en situación de mayor vulnerabilidad en determinados centros, profundizando las desigualdades y limitando el derecho a una educación en condiciones de igualdad.

En este contexto, denunciamos también el auge de los discursos de odio, que están penetrando en la sociedad y, de forma preocupante, también en los entornos educativos. Estos discursos, que criminalizan a las personas migrantes y a las personas racializadas, no solo vulneran derechos fundamentales, sino que generan un clima de exclusión, miedo y violencia que impacta directamente en la convivencia escolar.

Advertimos de que la normalización de estos mensajes supone un grave retroceso democrático. Cuando el racismo se legitima en el espacio público, encuentra fácilmente eco en las aulas, afectando al bienestar del alumnado y dificultando la construcción de espacios educativos seguros e inclusivos.

Frente a esta situación, defendemos que la escuela pública debe ser un espacio de convivencia, diversidad y justicia social. Para ello, es imprescindible dotar a los centros educativos de más recursos humanos y materiales, reducir las ratios, reforzar las plantillas y garantizar una formación docente en educación intercultural y antirracista.

Consideramos fundamental impulsar programas educativos, talleres y proyectos que promuevan el pensamiento crítico, el respeto a la diversidad y la lucha contra cualquier forma de discriminación, integrando estos enfoques de manera transversal en el currículo.

Además, es necesario escuchar y dar voz al conjunto de la comunidad educativa, especialmente al alumnado y a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, reconociendo la diversidad cultural como un valor colectivo y no como un problema.

Desde USTEA denunciamos también los discursos que banalizan o niegan el racismo, así como las políticas que, lejos de combatirlo, contribuyen a perpetuar desigualdades y exclusión.

En este 21 de marzo, recordamos que la lucha contra el racismo es una tarea colectiva que debe implicar a toda la comunidad educativa y a las administraciones públicas.

Por ello, exigimos a la Junta de Andalucía una apuesta firme por la escuela pública como garante de igualdad, cohesión social y derechos, y reclamamos políticas educativas que sitúen la justicia social y la equidad en el centro.

Porque educar también es combatir el racismo.
Porque la escuela pública debe ser un espacio libre de discriminación.
Y porque sin igualdad no hay educación democrática.
Y porque sin igualdad no hay educación democrática.