Desde USTEA consideramos que el anuncio del denominado Plan Andalucía Actúa, activado por la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños ocasionados por el reciente tren de borrascas, vuelve a evidenciar un problema estructural en la gestión de las infraestructuras educativas: la ausencia de una política preventiva real.

Si bien valoramos positivamente cualquier inversión destinada a los centros educativos públicos, no podemos obviar que esta actuación llega una vez más tarde. Los daños producidos por fenómenos meteorológicos adversos no pueden abordarse exclusivamente desde la urgencia. En un contexto de eventos climáticos cada vez más frecuentes e intensos, la planificación preventiva no es una opción, sino una obligación.

Desde nuestra organización llevamos años reclamando un Plan Integral de Mantenimiento de Infraestructuras Educativas, con evaluaciones técnicas periódicas, dotación presupuestaria estable y ejecución directa por parte de la administración en el marco de la evaluación de riesgos laborales de cada centro. Sin embargo, la Consejería vuelve a optar por un modelo reactivo: actuar cuando el problema ya se ha producido.

Además, la fórmula elegida —dotar económicamente a los centros para que gestionen las intervenciones— supone, en la práctica, trasladar la responsabilidad a los equipos directivos. Equipos y centros que ya se encuentran sobrecargados de tareas administrativas, organizativas y pedagógicas. No podemos olvidar que esta misma dinámica se aplicó durante el primer trimestre del curso con el denominado Plan “Mejora tu Centro”, derivando a los centros funciones que corresponden a la administración educativa.

En USTEA defendemos que la gestión de infraestructuras no puede recaer en quienes deben centrarse en la labor educativa. La Consejería no puede limitarse a financiar actuaciones puntuales tras cada incidencia; debe asumir su responsabilidad directa en el mantenimiento preventivo y estructural de los edificios escolares y mantener una coordinación eficaz con las administraciones municipales.

La comunidad educativa necesita seguridad, estabilidad y planificación. No basta con reaccionar cuando la emergencia ya ha estallado; es imprescindible anticiparse a ella con medidas estructurales y protocolos claros. Asimismo, reiteramos lo que desde USTEA hemos exigido tanto en Mesa Sectorial como ante el Comité de Seguridad y Salud: la convocatoria urgente de una Mesa de Negociación en la que se aborden los Permisos y Licencias y se clarifiquen los protocolos de actuación ante este tipo de situaciones.

Seguiremos exigiendo una política educativa que priorice la prevención, la inversión estructural y el respeto a la labor de las y los docentes, equipos directivos y que proteja al conjunto de la comunidad educativa.