La Junta de Andalucía carga sobre la “autonomía de los centros” la responsabilidad de la climatización, dotándolos con fondos insuficientes cuya continuidad no queda garantizada. Esto plantea serias dudas también sobre la capacidad financiera de los centros educativos para afrontar el mantenimiento de las nuevas instalaciones. La Consejería abandona la ambiciosa Ley de Bioclimatización (Ley 1/2020) y se cambia por una medida a una medida paliativa y puntual.

El compromiso inicial, la Ley de Bioclimatización de 2020, que prometía actuaciones integrales (bioclimatización con apoyo de energía fotovoltaica), ha llegado a menos de un 10% de centros de Andalucía. Recientemente, se han programado actuaciones en 80 centros con un presupuesto de 30 millones de euros (provenientes de fondos europeos) en la Fase II del programa. En lugar de hacer una inversión contundente para seguir esta línea, la Consejería opta por soluciones cortoplacistas e insuficientes. Es por esto que se anuncia una dotación económica de 55 millones de euros para «climatizar» alrededor de 3.400 centros andaluces, lo que se traduce en una media aproximada de 15.000 € por centro que se destinarían a la compra de equipos de aire acondicionado, ventiladores, toldos y otras actuaciones menores.

Las Instrucciones de 10 de noviembre de 2025, dirigidas a los centros, cargan toda la responsabilidad de la gestión y la contratación sobre los equipos directivos y la comunidad educativa. Las instrucciones además limitan las actuaciones que pueden realizarse. Por ejemplo, los centros que no son titularidad de la Consejería (Colegios, Conservatorios Elementales o Centros de Educación Permanente) no podrán ejecutar obras. Las actuaciones permitidas en estos casos se limitan a la compra de equipos portátiles de climatización, u otras estructuras de sombreado que no impliquen obra, además de plantación de arbolado.

Hay un par de cuestiones que aún no han sido aclaradas y que nos preocupan:

• En primer lugar, no se ha anticipado cómo se va realizar el mantenimiento. La CDEFP no ha presupuestado ni ha dado instrucciones sobre cómo se va a financiar el mantenimiento de las nuevas instalaciones y al igual que ha ocurrido con las instalaciones adiabáticas previas, la falta de previsión en el mantenimiento supondrá un gasto extra que no entra dentro de la planificación económica.
• Otra preocupación es que en aquellos centros que utilicen este dinero para instalar equipos de climatización, si finalmente son incluidos en futuras fases del programa de Bioclimatización, se siga el mismo criterio de retirar los equipos de climatización existentes, desperdiciando el dinero invertido.

USTEA exige al Gobierno Andaluz:

1. No abandonar la Ley de Bioclimatización: actuaciones integrales con obra que aborden el problema del confort térmico de forma estructural y definitiva en todos los centros.
2. Asumir la Gestión Técnica: que la Agencia Pública de Educación (APAE) asuma la responsabilidad técnica, la contratación y la ejecución de las obras, retirando esa carga de los equipos directivos y los Consejos Escolares.
3. Dotación Suficiente: un plan de inversión real, que prevea los gastos de mantenimiento y que garantice la habitabilidad y el confort térmico en todos los espacios educativos.

La calidad educativa no se resuelve con ventiladores. La salud y la seguridad de nuestro alumnado y profesorado merecen un compromiso real.