Desde USTEA mostramos nuestro más profundo rechazo al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Andalucía. Un pacto que incorpora una visión profundamente ideológica, elitista y excluyente de la educación y que supone un grave riesgo para la escuela pública andaluza y para los valores democráticos que deben sustentar nuestro sistema educativo.

La educación no puede convertirse en moneda de cambio para satisfacer las exigencias de la extrema derecha. Debe construirse desde el consenso, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la convivencia democrática y el pensamiento crítico. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones sitúa la educación en el centro de una agenda basada en la confrontación, el señalamiento de colectivos, la privatización del sistema educativo y el retroceso en derechos.

Nos preocupa que el futuro de la educación pública andaluza quede condicionado por un pacto que responde más a intereses ideológicos que a las verdaderas necesidades de los centros educativos. Mientras miles de docentes y familias reclaman más inversión, reducción de ratios, más profesorado, mejores condiciones laborales, atención a la diversidad y una planificación seria de la red pública, el nuevo acuerdo pone el foco en medidas destinadas a alimentar guerras culturales, privatizar servicios y debilitar el principal garante del derecho a la educación: la escuela pública.

Contra la diversidad y la convivencia

Una de las primeras consecuencias de esta deriva es el anuncio de la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una medida que responde a prejuicios ideológicos y a un discurso xenófobo completamente alejado de la realidad educativa.

Desde USTEA rechazamos frontalmente esta decisión. El PLACM no es un instrumento de adoctrinamiento, como pretende hacer creer la extrema derecha, sino un programa educativo de carácter voluntario, desarrollado fuera del horario lectivo y fruto de acuerdos institucionales, que durante años ha contribuido a favorecer la integración del alumnado, fortalecer la convivencia intercultural y facilitar la participación de muchas familias en la vida de los centros.

La diversidad cultural forma parte de la realidad de Andalucía y también de nuestras escuelas. La educación pública tiene la responsabilidad de responder a esa realidad desde la inclusión, el respeto mutuo y la igualdad de oportunidades. Defender la diversidad cultural no supone renunciar a ninguna identidad; significa formar una ciudadanía capaz de convivir en una sociedad plural y democrática.

Resulta especialmente preocupante que el Gobierno andaluz asuma el marco discursivo de la extrema derecha al presentar la diversidad cultural como una amenaza para la convivencia. Quienes deterioran la convivencia escolar no son los programas que promueven el conocimiento entre culturas, sino los discursos que estigmatizan al alumnado por su origen, su lengua o sus creencias y convierten la diferencia en un motivo de confrontación.

Una memoria democrática selectiva no es memoria democrática

Igualmente preocupante resulta el anuncio de incorporar la «Historia del terrorismo en España» al currículo educativo en los términos planteados por el pacto. Desde USTEA defendemos que el alumnado debe conocer la historia del terrorismo y el sufrimiento de todas sus víctimas. Educar en valores democráticos exige comprender las consecuencias de toda forma de violencia política.

Sin embargo, nos preocupa que esta medida responda a una utilización partidista de la historia. El problema no es estudiar el terrorismo; el problema es qué terrorismo se decide contar y cuál se pretende silenciar.

No puede construirse una memoria democrática seleccionando únicamente aquellos episodios que encajan en un determinado relato ideológico mientras se invisibilizan el terrorismo de Estado, la represión franquista, la violencia ejercida por grupos parapoliciales y de extrema derecha durante la Transición o los asesinatos de personas que lucharon por la democracia.

Andalucía conoce bien esa historia. El asesinato de Manuel José García Caparrós, abatido por un disparo policial durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977, constituye uno de los episodios más dolorosos de nuestra memoria democrática. Como él, muchas otras víctimas de la violencia política y de la represión siguen reclamando verdad, justicia y reparación.

Nos preocupa que este tipo de medidas sirvan para seguir expulsando la memoria democrática de las aulas. No puede educarse en valores constitucionales ocultando el golpe de Estado de 1936, la dictadura franquista, la represión, la lucha antifranquista y la conquista de los derechos y libertades que hoy disfrutamos. La historia debe enseñarse en toda su complejidad, desde el rigor académico y no desde los intereses de un acuerdo político.

Más dinero para la privada y menos para la pública

También rechazamos el compromiso adquirido por PP y Vox de ampliar progresivamente los conciertos educativos al Bachillerato, la Formación Profesional y la Educación Especial. Lejos de reforzar el sistema educativo, este acuerdo profundiza en un modelo de privatización que desvía recursos públicos hacia empresas privadas mientras la red pública continúa sufriendo el cierre de unidades, la pérdida de profesorado, la falta de inversión y el deterioro de sus infraestructuras.

Resulta especialmente preocupante que se vuelva a utilizar el concepto de la «libertad de elección de centro», un eslogan que durante años ha servido para justificar el trasvase de recursos públicos hacia la enseñanza concertada.

No existe una verdadera libertad de elección cuando la propia Administración debilita deliberadamente la red pública, cerrando aulas, reduciendo la oferta educativa, eliminando enseñanzas, deteriorando las condiciones de los centros públicos y favoreciendo paralelamente la expansión de la enseñanza concertada. No se puede hablar de libertad cuando muchas familias dejan de poder elegir un centro público porque la Administración ha decidido que desaparezca esa opción.

La llamada «libertad de elección» se ha convertido en uno de los principales instrumentos para desmantelar progresivamente la educación pública. Primero se debilita la escuela pública mediante recortes y cierres; después se financia la enseñanza privada con dinero de todas y todos; finalmente, esa transferencia de recursos públicos se presenta como una ampliación de derechos. En realidad, supone un nuevo golpe a la educación pública andaluza.

La prioridad de cualquier gobierno comprometido con el derecho a la educación debería ser fortalecer la red pública, que es la única capaz de garantizar el acceso universal, la equidad y la cohesión social. La educación pública escolariza a todo el alumnado, sin discriminación por origen, situación económica, necesidades educativas o lugar de residencia. Es la red que debe absorber toda la demanda educativa y garantizar una plaza para cualquier estudiante, no la enseñanza concertada.

Especialmente grave resulta que el acuerdo plantee avanzar en la concertación del Bachillerato, la Formación Profesional y la Educación Especial. En lugar de ampliar la oferta pública allí donde miles de jóvenes siguen quedándose sin plaza en Formación Profesional o reforzar los recursos para una educación verdaderamente inclusiva, el Gobierno andaluz opta por seguir financiando la iniciativa privada.

Viejas promesas, la misma falta de compromiso

El pacto también recupera anuncios que el propio Gobierno andaluz lleva años realizando sin haberlos cumplido. Es el caso de la climatización de los centros educativos, una reivindicación histórica de la comunidad educativa que vuelve a aparecer como compromiso político cuando la Ley de Bioclimatización fue aprobada hace más de cinco años y su grado de ejecución sigue siendo claramente insuficiente.

Miles de alumnos y alumnas y miles de docentes continúan soportando temperaturas insoportables en las aulas porque la inmensa mayoría de los centros públicos siguen sin las actuaciones prometidas. Recuperar ahora este compromiso no es una propuesta nueva; es reconocer que la Junta ha incumplido durante años una ley que ella misma debía desarrollar. La comunidad educativa no necesita más titulares ni más propaganda: necesita inversiones reales y centros seguros y habitables.

Igualmente decepcionante resulta el anuncio sobre los comedores escolares. Se presenta como una mejora cuando el modelo de gestión continuará sustentándose, en la práctica, en el sistema de catering que tantas críticas ha recibido por parte de familias, trabajadoras y organizaciones sindicales.

Desde USTEA seguimos defendiendo un modelo de comedores de gestión pública directa, con cocinas en los propios centros siempre que sea posible, empleo público de calidad, productos frescos y de proximidad y una alimentación saludable y sostenible para el alumnado. Mientras no se modifique el actual modelo de externalización, estos anuncios no pasan de ser mera propaganda.

La educación pública no puede ser la moneda de cambio

Este pacto evidencia un modelo educativo profundamente ideológico que pretende utilizar las aulas como escenario de una batalla cultural mientras continúa debilitando la educación pública mediante la privatización, el desvío de recursos y la repetición de promesas incumplidas.

Frente a ello, desde USTEA seguiremos defendiendo una educación pública, laica, feminista, inclusiva, democrática y comprometida con los derechos humanos; una escuela que eduque en el pensamiento crítico, que valore la diversidad como una riqueza, que enseñe la historia con rigor y que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Estaremos vigilantes ante el desarrollo de este acuerdo y analizaremos una a una las medidas que afecten al sistema educativo andaluz. No permaneceremos impasibles ante ningún retroceso en derechos, libertades o en la calidad de la enseñanza pública.

Andalucía necesita más inversión en educación pública, más profesorado, más recursos para la inclusión, más memoria democrática, centros educativos dignos, comedores públicos de calidad y una apuesta decidida por la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo. No necesita pactos que legitimen discursos racistas, elitistas y reaccionarios, ni políticas que utilicen la educación para reescribir la historia, señalar a determinados colectivos, seguir privatizando un derecho fundamental o reciclar promesas incumplidas como si fueran nuevas medidas de gobierno.

Desde USTEA seguiremos defendiendo una escuela pública que una, incluya y eduque en democracia, porque la educación debe servir para construir una sociedad más libre, más justa y más igualitaria, nunca para imponer un relato ideológico ni para convertir un derecho en un negocio.