La publicación a última hora de resoluciones e instrucciones vuelve a evidenciar la falta de planificación de la Formación Profesional pública andaluza y obliga a los centros y al profesorado a organizar las enseñanzas con plazos absolutamente insuficientes.

Desde USTEA Enseñanza denunciamos la tardanza de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en publicar instrucciones y resoluciones fundamentales para la organización de la Formación Profesional pública andaluza, una situación que está generando incertidumbre y dificultades añadidas en unos centros que necesitan conocer con suficiente antelación las condiciones en las que deben organizar las enseñanzas.

El último ejemplo resulta especialmente significativo. La Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente ha dictado, con fecha 22 de septiembre de 2026, la resolución que establece determinados aspectos organizativos de los Cursos de Especialización de Formación Profesional, los denominados Grados E, fijando el inicio de las clases para el 25 de septiembre. Es decir, la Administración comunica aspectos esenciales de la organización de estas enseñanzas cuando apenas quedan tres días para que el alumnado entre en las aulas.

Desde USTEA consideramos inadmisible que cuestiones que afectan directamente a la planificación de los centros, la organización de las enseñanzas, los horarios, el profesorado y, en definitiva, al correcto inicio del curso sean comunicadas prácticamente sobre la marcha. Los centros educativos no pueden funcionar permanentemente a golpe de resolución de última hora.

Esta situación no puede desligarse de la complejidad que está suponiendo la implantación del nuevo modelo de Formación Profesional. Durante los últimos meses se han sucedido normas, resoluciones, instrucciones, modificaciones y documentos aclaratorios que obligan a equipos directivos, departamentos y profesorado a realizar un enorme esfuerzo para adaptar la organización de los centros.

USTEA denuncia que la improvisación administrativa termina trasladando toda la presión a los centros y al profesorado. Son las y los docentes quienes finalmente tienen que resolver, en cuestión de días e incluso de horas, aquello que la Consejería debería haber planificado, negociado y comunicado con meses de antelación.

No es razonable exigir planificación, calidad, coordinación y cumplimiento de plazos a los centros educativos mientras la propia Administración publica instrucciones esenciales cuando el curso está prácticamente comenzado. La Formación Profesional pública necesita estabilidad normativa, planificación, recursos suficientes y unas instrucciones claras publicadas con la antelación necesaria.

Esta improvisación administrativa se produce, además, en un contexto en el que la Formación Profesional pública andaluza arrastra importantes carencias que USTEA viene denunciando reiteradamente. No basta con implantar un nuevo modelo de FP y multiplicar instrucciones y procedimientos administrativos: es imprescindible acompañarlo de una apuesta política y presupuestaria decidida por la red pública.

USTEA reclama, en primer lugar, una ampliación sustancial de la oferta y de las plazas públicas de Formación Profesional, de manera que ningún alumno o alumna que quiera estudiar FP se vea empujado hacia centros privados por falta de plazas. Frente al enorme crecimiento experimentado por la oferta privada durante los últimos años, defendemos una FP pública, gratuita y accesible en todo el territorio andaluz, también en las zonas rurales.

Esta ampliación debe ir acompañada de un incremento estructural de las plantillas docentes, garantizando las 18 horas lectivas reales, así como una reducción de las ratios que permita mejorar la calidad educativa, la atención al alumnado y la seguridad en talleres, laboratorios y espacios profesionales.

Reclamamos igualmente una inversión estable y suficiente en infraestructuras, talleres, maquinaria, materiales y equipamientos, que permita que la formación que recibe el alumnado de la red pública responda a las necesidades actuales de cada sector profesional.

La nueva FP Dual tampoco puede construirse a costa de incrementar la carga laboral del profesorado. USTEA exige mayores reducciones horarias para las tareas de coordinación y tutorización, formación específica dentro de la jornada laboral y un refuerzo de las estructuras públicas encargadas de localizar y gestionar las plazas formativas en empresas. El profesorado debe dedicarse fundamentalmente a su labor docente y educativa y no convertirse en personal encargado de buscar empresas para garantizar el funcionamiento del sistema.

Asimismo, exigimos que la Administración garantice una atención real al alumnado con NEE y NEAE, dotando a la Formación Profesional de los recursos humanos, apoyos y profesionales de orientación necesarios. La implantación de la FP Dual no puede convertirse en una nueva barrera para el alumnado que necesita mayores apoyos. Igualmente denunciamos la promesa que nos hizo la consejería sobre la bajada de ratios, que como era previsible, no se está cumpliendo. Un fleco incumplido más de los Acuerdos «pantomima» que firmó la Consejería con algunos sindicatos

USTEA reclama también que las administraciones y empresas públicas sean espacios prioritarios para la formación del alumnado de la FP pública y que se eviten situaciones en las que centros privados puedan acaparar plazas formativas mediante acuerdos o convenios exclusivos con empresas.

Todo ello debe formar parte de una política destinada a frenar la privatización y mercantilización de la Formación Profesional andaluza. La falta de plazas públicas no puede seguir convirtiéndose en una vía para alimentar un mercado educativo privado en el que estudiar una titulación de FP dependa cada vez más de la capacidad económica de las familias.

Por todo ello, desde USTEA exigimos a la Consejería que abandone esta dinámica de improvisación y establezca un calendario que garantice que toda la normativa, instrucciones y resoluciones necesarias para organizar el curso estén publicadas antes de su inicio y con tiempo suficiente para que los centros puedan aplicarlas adecuadamente.

Frente a las instrucciones de última hora, reclamamos planificación, negociación con la representación del profesorado, financiación pública suficiente, aumento de plantillas, reducción de ratios, mejores condiciones laborales, recursos para atender a todo el alumnado y una ampliación decidida de la oferta pública.

La implantación del nuevo sistema de Formación Profesional no puede descansar sobre la capacidad del profesorado para solucionar a última hora los problemas derivados de una planificación administrativa deficiente.

La FP pública andaluza necesita planificación y recursos, no instrucciones a tres días de empezar las clases.

La Formación Profesional es un derecho, no un negocio. Por una FP pública, gratuita, inclusiva y de calidad.