Esta situación hace más evidente las deficiencias y carencias estructurales que afectan a la Salud Laboral en la Consejería de Educación, que viene mostrando una preocupante dejadez en cuanto a sus obligaciones en materia de salud laboral de manera continuada, pero que cobran especial gravedad es las actuales circunstancias.

En primer lugar, USTEA muestra su más rotundo rechazo a la gestión que desde la administración se está haciendo respecto al personal vulnerable frente a la exposición al SARS-Cov-2, al que se le ha obligado a seguir trabajando sin que en ningún momento se hayan evaluado los puestos de trabajo y los riesgos asociados a este y sin proporcionarle los equipos de protección necesarios es los casos en los que se haya estipulado, incumpliendo claramente la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Más bien, todo parece indicar que desde las distintas administraciones han estado más preocupadas por elaborar documentos e instrucciones que dirigieran las decisiones del personal médico y técnico en la evaluación del personal sensible que de abordar el problema de una forma real. De la misma manera, a día de hoy no se conoce la intención por parte del gobierno andaluz ni del ministerio de sanidad de revisar unos criterios totalmente alejados de cualquier evidencia científica y totalmente desactualizados, ya que a nadie se le escapa que la situación epidemiológica actual no tiene nada que ver con la que existía al inicio del curso escolar. Además, por más que se quiera negar, el personal docente es un colectivo especialmente vulnerable a la exposición al Covid-19 debido a las características propias de su trabajo, tal y como señala el CSIC en su informe “una visión global de la pandemia Covid-19: qué sabemos y qué estamos investigando desde CSIC”.

El desprecio hacia la salud del personal vulnerable al Covid-19 ha quedado constatada en el vergonzoso acuerdo, no suscrito por USTEA, al considerarlo del todo insuficiente, firmado por la Consejería de Educación y las Organizaciones Sindicales CSIF, ANPE y CCOO, al no contemplar la inclusión de la protección del personal vulnerable, aspecto que siempre supuso una línea roja para USTEA. Este acuerdo no ha hecho más que proporcionar un balón de oxígeno a una consejería y a un gobierno que mira hacia otro lado ante el riesgo para la salud que suponen las actuales condiciones de trabajo para muchos de sus trabajadores y trabajadoras.

Una clara muestra de lo anteriormente expuesto es el hecho de que la constitución de Comité Sectorial de Seguridad y Salud, fruto de un acuerdo de 2014, aún está pendiente, además del deficiente e incorrecto funcionamiento de los diferentes comités provinciales. Ni siquiera una pandemia mundial ha provocado que la administración educativa andaluza se tome en serio la salud laboral de los y las trabajadoras. A este hecho hay que unirle la infradotación estructural de personal de las distintas Unidades de Prevención.

A todo lo anterior hay que añadir que no se están llevando a cabo las actuaciones pertinentes para asegurar unas condiciones ambientales y de ventilación adecuadas dentro de las aulas. En las instrucciones de inicio de curso remitidas por la consejería a los centros educativos se habla levemente de la necesidad de ventilación, pero en ningún caso se ha contemplado la necesidad de medir las condiciones de ventilación así como la inversión necesaria en mecanismos de ventilación forzada o de purificación de aire que permitan mantener unas condiciones ambientales que respeten la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales dentro de las aulas y minimicen el riesgo de contagio, ¿o pretende la Consejería de Educación que permanezcan las ventanas abiertas independientemente de las condiciones de temperatura y humedad que ello provoque dentro del aula?. Recientemente el CSIC publicó una guía sobre ventilación de las aulas, pero parece ser que ningún responsable político del Gobierno Andaluz ha sentido la necesidad de escuchar y atender a la ciencia, en pro de disminuir los contagios en el aula y aumentar las garantías de seguridad de docentes y alumnado.

De la misma manera, entendemos que los protocolos de actuación ante casos Covid dentro de las aulas son del todo insuficientes y contradicen criterios científicos más que contratados, como es la propagación del virus a través de aerosoles. Además, estamos detectando como existe una presión para que reducir al mínimo los confinamientos de aulas, en un burdo intento de maquillar los datos para que desde la Administración se pueda seguir diciendo que los centros educativos no son focos de contagio, algo que, a la vista de la evolución de la pandemia desde la vuelta a las aulas, es más que cuestionable.

Por todo ello, desde USTEA queremos exigir el cumplimiento escrupuloso de toda la legislación de Prevención de Riesgos Laborales así como la defensa de la salud y la seguridad de todos y todas las trabajadoras, especialmente de aquellos catalogados como personal vulnerable, a los que se les está exponiendo a un grave riesgo para su salud. No dudaremos en acudir a la Inspección de Trabajo, como de hecho ya estamos haciendo, para tratar de poner fin a las situaciones de riesgo y peligro para la salud que cada día se viven en los centros educativos. Además, mostramos nuestra más enérgica oposición a que, desde el Gobierno Andaluz y la Consejería de Educación se estén anteponiendo criterios económicos sobre la salud y la vida de sus trabajadores y trabajadoras.

Andalucía, 10 de noviembre de 2020