La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha difundido un documento dirigido a las direcciones de los centros educativos en el que establece los procedimientos de prevención, comunicación y actuación ante situaciones de emergencia, como fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, incendios o movimientos sísmicos.

El documento tiene como objetivo garantizar la seguridad del alumnado, del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa, estableciendo criterios comunes de actuación y coordinación con las autoridades de Protección Civil y la Administración educativa.

Cuatro fases de actuación ante emergencias

Las instrucciones establecen cuatro niveles de actuación:

• Fase preventiva: revisión anual del Plan de Autoprotección, realización de simulacros, comprobación de las vías de evacuación, actualización de los contactos de emergencia en Séneca y formación del personal y alumnado.
• Fase de preemergencia: seguimiento de los riesgos, información a la comunidad educativa y comunicación inmediata a la Delegación Territorial de cualquier incidencia o peligro inminente.
• Fase de emergencia: activación de los protocolos de autoprotección y seguimiento de las indicaciones de las autoridades competentes.
• Fase de normalización: comunicación del fin de la emergencia, evaluación de daños y revisión de los procedimientos de seguridad.

¿Quién puede suspender las clases presenciales?

Uno de los aspectos más importantes del documento es que la suspensión de la actividad presencial corresponde exclusivamente a la Administración educativa, a través de las Delegaciones Territoriales o los servicios centrales de la Consejería, siguiendo las indicaciones de la dirección del Plan de Emergencias de Protección Civil activado.

Por tanto, las direcciones de los centros no pueden decidir por sí mismas la suspensión general de las clases presenciales.

En situaciones de preemergencia, la actividad educativa debe mantenerse con normalidad salvo que exista una comunicación expresa de la Administración educativa.

¿Qué ocurre si se produce una emergencia en el centro?

Cuando se produzca una situación de riesgo sobrevenida, como un incendio o una inundación, aunque no exista una emergencia declarada por Protección Civil, el centro deberá activar su Plan de Autoprotección y comunicar la situación a la Delegación Territorial y a las autoridades competentes.

Si el alumnado ya se encuentra en el centro, deberá permanecer en zonas seguras conforme al Plan de Autoprotección, evitando desplazamientos que puedan poner en peligro su seguridad.

En caso de suspensión de la actividad presencial, el documento contempla la activación, a la mayor brevedad posible, de un plan de actividad lectiva telemática.

Avisos de AEMET, Protección Civil y ES-Alert

Las instrucciones distinguen entre los avisos meteorológicos de AEMET y las alertas de Protección Civil.

Los avisos de AEMET constituyen una fuente de información preventiva, mientras que las alertas de Protección Civil son las que tienen carácter ejecutivo.

En relación con los mensajes ES-Alert enviados a teléfonos móviles, se establece que, salvo que incluyan indicaciones contrarias, los centros deben seguir las instrucciones específicas de las autoridades educativas.

Si no existe comunicación específica ni una situación de riesgo que obligue a activar el Plan de Autoprotección, se mantendrá la actividad habitual, extremando la vigilancia.

¿Quién puede ordenar una evacuación?

Ante una emergencia, el centro activará su Plan de Autoprotección.

Cuando exista un riesgo inminente, la dirección del Plan de Emergencias de Protección Civil, municipal o autonómica, podrá transmitir una orden de evacuación por los canales oficiales.

En ese caso, la dirección del centro trasladará la orden y organizará la evacuación siguiendo el Plan de Autoprotección o las indicaciones de las autoridades competentes.

La seguridad de la comunidad educativa debe ser siempre prioritaria

Desde USTEA consideramos fundamental que todos los centros educativos dispongan de protocolos claros, actualizados y conocidos por el conjunto de la comunidad educativa.

La prevención de riesgos debe ir acompañada de recursos suficientes, instalaciones seguras, formación adecuada y una coordinación eficaz entre las administraciones.

La seguridad del alumnado y de las trabajadoras y trabajadores de la educación pública debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración.